El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Espadas (PSOE), ha "reforzado" su "protocolo antidesahucios" al tener constancia de la programación de tres órdenes de desalojo el próximo viernes, sobre los inquilinos de tres viviendas del número tres de la calle Macasta, en pleno casco histórico.
Como hemos informado, el Juzgado de Primera Instancia número 22 ha dictado para el viernes a las 09,00 horas una nueva orden de desalojo sobre Juan Bautista, un anciano de 80 años de edad que reside en una vivienda del número 3 de la calle Macasta y que ha sido denunciado por su casero por el impago de las rentas de alquiler, según han informado a Europa Press un vecino del afectado y la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato.
Esta citada instancia judicial ya suspendió el pasado 23 de septiembre la orden de desalojo programa para aquella jornada sobre Juan Bautista, que argumenta que el casero "se niega a cobrar" las rentas de alquiler y cuando las ha cobrado "no daba los recibos" a sus inquilinos, porque todo era "de palabra".
El Ayuntamiento, según las fuentes consultadas por Europa Press, ha mantenido "activo" desde entonces su "protocolo antidesahucios" y ha "llevado a cabo un seguimiento de todos los casos" del número tres de la calle Macasta en una actuación coordinada a través del Centro de Servicios sociales de la zona y la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), un dispositivo que se ha "reforzado" ante la nueva orden judicial de desalojo "que afecta a tres personas".
En todos los casos se ha realizado un seguimiento "personalizado" y se han puesto a disposición de las personas los recursos disponibles y más adecuados a las diferentes situaciones. Así, uno de los afectados cuenta con "plaza reservada" en un centro de acogida y ha aceptado acudir al mismo. En caso de ser necesaria, está en trámite también una plaza en una residencia por vía de exclusión social.
El segundo de los afectados tiene también plaza reservada en un centro de acogida y el tercero está siendo sometido a "un seguimiento con muchas dificultades" por parte de los servicios sociales, que le han ofrecido "distintas opciones sin que hasta el momento haya mostrado disposición a ser atendido a través del proceso de intervención social municipal".
