María Ascensión López, la supuesta bebé robada que ha sido denunciada por una monja por un delito de calumnias tras denunciar su caso ante los medios de comunicación, ha mantenido este lunes en la vista oral que la religiosa "organizó" su adopción, aunque ha señalado que desconoce si llegó a cobrar o no por ello las 250.000 pesetas que, según ha matenido, sus padres adoptivos pagaron por los trámites en 1964.
Durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, la acusación ha mantenido el perjuicio que la acusada, presidenta de la Asociación Bebés Robados de Almería, ha creado a la monja, a la congregación de las Hermanas de la Caridad y a la asociación Nuevo Rumbo que también preside, por lo que ha mantenido su petición de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil así como que se le aplique una condena de diez meses de multa a razón de 12 euros diarios.
Según la acusación, que también interesa la publicación con cargo a López de la sentencia en los medios en caso de ser condenatoria, la presidenta de la asociación "aprovechó su condición" para "contar su historia" de prensa, radio y televisión e identificar a la denunciante como la persona que "organizó" la adopción así como para vincularla a otros presuntos casos de bebés robados que habrían tenido lugar en Sevilla; todo ello con "carácter injurioso".
La denunciada ha expresado durante su declaración sus dudas ante el expediente de adopción que figura en su caso y en el que aparece la monja, quien a su vez es sobrina de su padre adoptivo, como una de las partes implicadas en el proceso. Asimismo, ha hecho alusión a declaraciones de sus progenitores en relación a su supuesta compra y las indicaciones que, según su versión, habría hecho la religiosa para facilitar el proceso.
Con ello, ha señalado que sus declaraciones ante los medios de comunicación sobre la presunta participación de la monja están respaldadas en otras denuncias ante la Comisaría Nacional de Policía de Sevilla que, posteriormente, fueron archivadas, pero que recogen los testimonios que ella manifiestó en diferentes entrevistas de carácter provincial y nacional.
Del mismo modo, ha defendido que lo que ella contó públicamente se lo indicaron "muchos familiares", con lo que ha apuntado a la existencia de una vídeo que no ha sido aportado como prueba en el caso, en el que el padre adoptivo de López llega a asegurar "me he gastado más dinero de lo que pesa la niña", según ha dicho ella durante su declaración, en la que ha reconocido que "tal vez en algún momento" no usó los "términos correctos".
En cualquier caso, ha afirmado tras las preguntas de la acusación ejercida por María del Carmen López Saracho que su intención no fue "calumniar" a la denunciante con su aparición en los medios de comunicación, sino de que fue la de que "alguien me pudiera reconocer" ya que, según ha explicado, tiene un hijo con un problema de salud que podría tener origen genético.
LA RELIGIOSA NIEGA EL PAGO
Por su parte, Dolores Baena ha negado durante su declaración como testigo que se llegara a pagar cantidad alguna por la adopción, que se realizado conforme "a la legalidad". "Todo fue gratuito, no hubo que pagar ni un céntimo. No se pagó nada de nada", ha manifestado a la hora de defender su intervención en el proceso de adopción, en la que, según ha apuntado, hizo "la solicitud" en nombre de sus tíos, al estar ella en Sevilla y ellos en Almería.
La religiosa ha afirmado que las declaraciones de la denunciada en los medios "están desprestigiando" a la asociación que dirige y ha supuesto un "disgusto" para la congregación, a la que pertenece desde hace 53 años . "Me pone como si estuviera robando bebés y me está desprestigiando", se ha quejado ante la juez.
De cualquier forma, ha negado conocer a los padres biológicos de la denunciada y ha reafirmado que "todo fue legal"; aspecto que la defensa ha insistido en acoger con cautela en vista de los documentos que obran en el expediente de nacimiento, puesto que la supuesta bebé robada contada con los apellidos de sus progenitores adoptivos en mayo del 64, si bien los trámites de adopción no tuvieron lugar hasta julio del mismo año, según ha apuntado el letrado en sus conclusiones.
