El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha defendido este viernes el acuerdo que cerró la víspera con el PSOE para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía recalcando que cuando entre en vigor "nadie podrá tener la tentación" de utilizar las reformas estatutarias "como ariete para intentar desafiar o romper el marco constitucional" como ocurrió, a su juicio, con la del Estatuto catalán.
Bermúdez de Castro ha destacado que "el positivo y relevante" acuerdo alcanzado este jueves con el PSOE persigue "fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica y proteger el actual marco constitucional sirviendo a los intereses generales".
En este contexto, ha remarcado que "al fin y a la postre hay una única soberanía y una única legitimidad, que es la que emana de la Constitución y a la que deben someterse todas las normas del ordenamiento jurídico, incluidos los Estatutos de Autonomía". "No conviene olvidar que la soberanía es única y previa a la autonomía", ha advertido.
El acuerdo sellado este jueves entre PP y PSOE se plasmará en una proposición de ley cuya aprobación se calcula para este mes de julio.
Los dos partidos mayoritarios, que registraron sendas iniciativas el mismo día de enero de 2014, han presentado ahora sus respectivas enmiendas parciales para converger en un único texto, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales.
La redacción pactada por PP y PSOE implica cambiar tres preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y de sus reformas, una vez aprobadas por las Cortes Generales y antes de su entrada en vigor.
La idea es abrir un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
SEIS MESES MÁXIMO PARA RESOLVER
Al Tribunal Constitucional se le da un plazo "improrrogable de seis meses" --como defendía el PSOE en su iniciativa original-- para resolver los recursos previos planteados, dando preferencia a estas impugnaciones frente al resto de asuntos que tenga en agenda.
Si el TC declara la inexistencia de inconstitucionalidad los trámites de la reforma estatutaria seguirán su curso, pero si algunos preceptos son declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos o modificados por las Cortes Generales antes de continuar con su tramitación.
Eso sí, la resolución del recurso previo no prejuzga la decisión que pueda tomar el TC más adelante sobre nuevos recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que se puedan plantear tras la entrada en vigor.
En la exposición de motivos se subraya que "los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado". "Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de Constitucionalidad", agrega.
LA REFORMA ESTUVO MÁS DE UN AÑO BLOQUEADA
Aunque las proposiciones de ley originales se registraron en enero de 2014 y al mes siguiente fueron tomadas en consideración conjuntamente en el Pleno del Congreso, las iniciativas han estado más de un año bloqueadas sin que se diera el paso de presentar enmiendas.
El pasado mes de febrero el PP sondeó al PSOE para retomar la reforma y, tras dejar pasar las elecciones andaluzas y municipales, se acordó reactivar la tramitación. Así, a principios de este mes se puso fin al plazo de enmiendas de totalidad, la semana pasada el Pleno rechazó las que registraron los partidos nacionalistas y la Izquierda Plural y este jueves acaba el plazo para registrar las enmiendas parciales.
Las reformas, ideadas para evitar lo que sucedió con el Estatuto catalán, cuestionado por el TC tras haber pasado por las urnas, pasará en próximas semanas por la Comisión Constitucional y el Pleno del Congreso para su remisión al Senado antes del verano, de tal forma que esté en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la disolución de las Cortes Generales.
