La justicia chilena imputó hoy a políticos de la derecha opositora al gobierno por delitos tributarios vinculados a la financiación irregular de campañas electorales.
La imputación del senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el exalcalde Pablo Zalaquett fue formulada a petición de la Fiscalía Nacional, que lleva adelante investigaciones por casos de corrupción que involucran a políticos y a dos grandes conglomerados empresariales, el grupo Penta y la mayor minera no metálica mundial SQM.
Otros dos exparlamentarios acusados de los mismos delitos, Jovino Novoa y Alberto Cardemil, solicitaron el aplazamiento de su audiencia de formalización, la que se realizará el 6 de julio.
Moreira y De Mussy no fueron sometidos a medidas cautelares debido a que gozan de fuero parlamentario, mientras que el exalcalde Zalaquett quedó en arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, luego de que el juez de garantía Juan Carlos Valdés acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Para Novoa fue reprogramada la audiencia debido a que mientras se realizaban los alegatos, sufrió una bajada de tensión y dolores abdominales, por la cual fue trasladado a una clínica privada de Santiago donde quedó internado.
En el caso de Cardemil, se aceptó la petición de aplazamiento de la formalización hecha por su defensa, que argumentó que la Fiscalía había presentado cargos en su contra por nuevos delitos el viernes pasado, lo que habría impedido preparar con suficiente antelación su defensa.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, se mostró satisfecho con la determinación del tribunal que acogió sus argumentos contra los imputados.
"Estamos tranquilos porque se han concedido las medidas cautelares", dijo a los periodistas al finalizar la audiencia que se prolongó por más de diez horas.
"La labor de la fiscalía ha resultados provechosa", añadió.
Las imputaciones de los políticos de derecha son las primeras que se realizan en medio de la indagación judicial de la Fiscalía que los acusa de haber emitido "boletas (facturas) de honorarios ideológicamente falsas" para financiación de campañas electorales propias o de terceros con dineros pagados por Penta y SQM.
Las acusaciones por delitos tributarios más graves son las que enfrenta Jovino Novoa, fundador y dirigente histórico del conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
"Novoa ha incurrido de manera reiterada en los delitos de falsificación y facilitación de boletas por servicios no prestados", sostuvo el fiscal Emiliano Arias, que también participa en la causa.
Por ello la Fiscalía y los querellantes, entre los que se cuenta el Servicio de Impuestos Internos (SII), están solicitando a la justicia que aplique a Novoa la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario.
Sin embargo, el exsenador ha negado reiteradamente estas acusaciones y ha argumentado que es víctima de una persecución política.
Sus argumentos fueron reiterados hoy por el presidente de su partido, el senador Hernán Larraín.
"Nosotros creemos que en esta materia no hay igualdad de trato, que aquí hay justicia dura y rigurosa para algunos, curiosamente los de oposición, pero otros que son personas se sabe que han cometido las mismas malas prácticas o infracciones electorales y están sin ninguna imputación, sin ninguna búsqueda ni persecución", afirmó Larraín.
Pero el fiscal Chahuán ha negado cualquier intencionalidad política y aseguró hoy que la Fiscalía solicitará la imputación de políticos, oficialistas o de oposición, que resulten implicados en el caso.
"Nuestra labor es objetiva y respaldada por protocolos técnicos (...) no actuamos por razones políticas", aseguró.
"Si existe responsabilidad de otros sectores políticos los vamos a formalizar", agregó.
De hecho, la semana pasada Chahuán interrogó por varias horas al exministro del Interior Rodrigo Peñailillo, por la emisión de boletas de honorarios durante 2013 a una sociedad que recibió dinero de SQM y que se ha vinculado a la precampaña presidencial de la actual presidenta Michelle Bachelet.
Los llamados casos "Penta y SQM", han sacado a relucir oscuros vínculos entre la política y los negocios y han destapado otros escándalos de mayor envergadura.
Ambos surgieron en el marco de indagaciones para detectar alteraciones en las declaraciones de la renta de esas empresas con el fin de obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos más altas de las que les correspondían.