La organización de consumidores Facua Sevilla ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la resolución 301 de 8 de abril publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 90 del día 21 del mes pasado que modifica el sistema de estacionamiento regulado en superficie existente en la ciudad, y que sustituye las anteriores, de 2014, recurridas por la misma asociación ante los tribunales.
En un comunicado, la organización ha justificado este miércoles este nuevo recurso al entender que la última modificación de la zona azul llevada a cabo por el Ayuntamiento para las zonas de Bami y Nervión "no se ajusta a la legalidad" por el proceso seguido para su aprobación, "a través de un informe técnico y no de una ordenanza aprobada por el Pleno y tras el reglado trámite de información pública", cuando esta última es "el medio por el que debe determinarse una decisión de este tipo", ya que "la determinación del lugar concreto en el que aparcar va a generar el pago de una tasa supone la determinación del hecho imponible que va a ser gravado por la Administración".
Además, Facua Sevilla expone en su recurso la "arbitrariedad" con la que, en su opinión, el Ayuntamiento ha decidido "qué zonas son MAR --de alta rotación--, establecidas en la resolución en las vías públicas en las que se ubican edificios de cualquier administración pública, de oficina o comercio que genera una gran demanda de estacionamiento para la realización de gestiones o encargos".
La norma, según la organización recurrente, "no delimita en ningún momento un criterio objetivo para definir 'gran demanda' o que dicha demanda sea para 'la realización de gestiones o encargos', lo que genera una fuerte inseguridad jurídica".
Asimismo, Facua Sevilla critica "los requisitos exigidos a los usuarios de las vías afectadas para obtener distintivos que relajen el coste del servicio regulado", y considera que "limitar estos a las personas empadronadas en las propias vías penaliza a muchos usuarios que diariamente se ven en la necesidad de utilizar esas zonas para aparcar, como vecinos de un radio cercano, estudiantes que viven de alquiler en las zonas o trabajadores que acuden a empresas en las calles afectadas".
Los criterios del Ayuntamiento presentan "una especial discriminación respecto a las personas con movilidad reducida que no estén empadronados en Sevilla", añade la asociación, que entiende que "cualquier persona en esta situación titular de una tarjeta de aparcamiento de la Consejería competente en Andalucía o su equivalente para el resto de ciudadanos europeos debería verse exenta de pagar la tasa".
"EN CONTRA DE LA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD CIVIL"
Facua Sevilla considera también que "una medida que afecta a tan elevado número de usuarios debería haber contado con una participación real y efectiva del conjunto de la ciudadanía en su tramitación", y, sin embargo, "la resolución se ha impuesto en contra del posicionamiento de la mayor parte de la sociedad civil organizada de la ciudad, de los legítimos representantes de los consumidores y usuarios, vecinos, trabajadores, pymes y estudiantes".
En esa línea, la asociación califica de "simulacro de participación" el "proceso abierto en su momento por el Ayuntamiento, un periodo de alegaciones no a una propuesta de resolución o una resolución administrativa, sino a un informe técnico, que en todo caso debería haber sido parte de una memoria técnica de una propuesta normativa".
"Bajo una estrategia de clara falta de transparencia, el Consistorio ha querido cubrir un trámite preceptivo para volver a publicar una resolución que, una vez más, pretende evitar el Pleno del Ayuntamiento, quebrantando de nuevo el procedimiento establecido legalmente", según abunda Facua, que critica que el Consistorio haya aprobado la medida "sin previamente proponer alternativas de movilidad a través del transporte público", de forma que "la nueva resolución grava de forma clara a una gran cantidad de ciudadanos que necesitan el vehículo privado como acceso a su actividad principal, a quienes no se les ofrece otra opción".
Por último, Facua Sevilla entiende que la instauración de la zona azul en determinadas zonas de uso de estudiantes, sanitarias y residenciales "obedece únicamente a un afán recaudatorio de la Administración", y desde el Ayuntamiento "no se ha motivado de forma suficiente la necesidad y conveniencia de utilizar la herramienta de la rotación de aparcamientos en lugares en los que estos están ligados a estancias largas de los ciudadanos".
MEDIDA RECURRIDA
Cabe recordar que el nuevo decreto de reestructuración del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, firmado en abril por el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, elimina 264 plazas de zona azul, transforma 104 plazas de zona azul en plazas para conductores de movilidad reducida, crea 352 nuevas plazas y reduce la tarifa de 1.767 plazas.
El 18 de junio de 2014 entró en vigor la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, que contempla casi 190 calles, avenidas y plazas sometidas a esta figura de pago. A través de esta medida, la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), pasaba a explotar 7.553 plazas de estacionamiento como zona azul a partir de las 4.112 que hasta entonces estaban sometidas a esta figura.
