Nueve vecinos de la capital jiennense se han sentado en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 4 acusados de una falta contra el orden público por ocupar la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el desahucio de tres familias. A cada uno de ellos la Fiscalía reclama el pago de una multa de 160 euros, ó 20 días de privación de libertad en caso de impago.
Los hechos sucedieron el 9 de marzo cuando un grupo de personas decidieron encerrarse en la Delegación de Vivienda para exigir una solución a la problemática de las familias desahuciadas. El encierro duró unas doce horas hasta que entró la Policía Nacional y los desalojó del edificio sin que mediara resistencia alguna.
De esta forma, surgió ‘Acampada Esperanza’, una plataforma ciudadana, que según su portavoz, Lola Castillo, trabaja en la capital contra los desahucios y reclamando alternativas para todas aquellas personas que se quedan sin su vivienda o no tienen un techo bajo el que vivir. Precisamente, dicha plataforma acampó durante diez días a las puertas de la Delegación de Vivienda para "visibilizar un problema que nos puede pasar a todos".
El abogado de los nueve vecinos que se sentaron ayer en el juicio, Juan Escudero, ha señalado a Europa Press que todos ellos han manifestado que lo hicieron pensando que tenían la autorización del delegado territorial de Vivienda, Rafael Valdivielso, quien les dijo tras entrevistarse con ellos que podían permanecer en el edificio "siempre y cuando lo hicieran de manera pacífica y sin entorpecer el trabajo de los funcionarios, y así fue como lo hicieron".
Escudero ha añadido que los agentes de la Policía Nacional que participaron en el desalojo han declarado que por parte de los acusados "en ningún momento hubo resistencia ya que abandonaron el edificio pacíficamente y sin montar escándalo".
A las puertas del juzgado donde se celebraba el juicio se ha concentrado un grupo de unas cincuenta personas en solidaridad con los vecinos que estaban llamados a sentarse en el banquillo. Lola Castillo ha señalado a Europa Press que el objetivo era sentirse arropados y dejar claro que no han cometido ningún delito por el encierro. “Solo hemos defendido el derecho a una vivienda que recoge la Constitución”.
