El colectivo ecologista Agaden ha recordado que en "septiembre de 2013, se personó en la Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Algeciras para tener acceso a los expedientes administrativos que esta Gerencia había abierto a las instalaciones hoteleras Las Columnas, mas parte Cortijo Pelayo, mas tarde Cortijo del Estrecho, que se hallan en la barriada de Pelayo, dentro de los límites del P.N. de Los Alcornocales".
"La respuesta de esta Gerencia y del funcionario que lleva los expedientes de disciplina urbanística fue negar que existiesen dicho expedientes en esa dependencias del Ayto. de Algeciras", añaden.
Agaden se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz para "denunciar este caso, en el ultimo escrito que nos ha remitido nos cita cuatro expedientes administrativos que han tenido abiertos estas instalaciones hoteleras en la Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Algeciras".
Ante esta situación, Agaden pide "la dimisión del Tte. de Alcalde-Delegado de Urbanismo del Ayto. de Algeciras y el cese del funcionario que nos denegó expresamente la información de estos expedientes administrativos en la Gerencia de Urbanismo".
"No es digno de una sociedad democrática que a una asociación o un ciudadano particular no puedan tener acceso directo a una información pública que demanda, mas cuando existen leyes de acceso a la información ambiental, de acceso a la información general, o la ley de transparencia . Aunque todavía no hemos tenido acceso al acceso a la información que demandamos, no es lógico que las asociaciones tengamos que recurrir a dicha información "dando rodeos", como este del recurso ante el Defensor del Pueblo Andaluz y tengamos que esperar más de un año y medio para ver unos expedientes. Todo ello en un Ayuntamiento , como el de Algeciras que dice haber recibido recientemente un premio a la transparencia", añaden.
"Un funcionario que pone obstáculos para que los ciudadanos y las asociaciones no podamos acceder a la información no puede trabajar para la administración publica. Una autoridad que deniega por activa y pasiva el acceso a la información ambiental o la información en general no puede ocupar un cargo en una sociedad democrática", sentencian.
