La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.
Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.
Sin capacidad
Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.
El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.
Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.
Se buscó un emplazamiento alternativo y se halló en los terrenos - 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes e San Jerónimo.
El anuncio
En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.
La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para construir allí viviendas sociales.
Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.
Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.
La hora del notario
Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.
Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.
Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.
Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.
El canon autonómico
La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.
El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.
Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.
