El Grupo Municipal Socialista muestra su preocupación e indignación por la “falta de sensibilidad” del Gobierno de Marín en relación a los afectados por las multas urbanísticas, a lo cuales incluso se ha llegado a embargar las cuentas corrientes y los bienes. “A pesar de la propuesta que planteamos a Pleno para tratar de buscar una solución con los propios afectados y que, por cierto, ni siquiera pudo ser debatida en el Pleno del mes de enero, el alcalde y su delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, siguen sin ofrecer soluciones a los afectados por estas multas urbanísticas y, para colmo, el Ayuntamiento continúa con los embargos”, lamentan los socialistas, quienes denuncian “la falta de implicación y, sobre todo, el fraude electoral que ha supuesto este Gobierno, que prometió regularizar las viviendas por 8.900 euros, cantidad que ya asciende a 40.000”.
Hay que recordar que el Grupo Socialista presentó en enero una propuesta a través de la cual solicitaba el rescate, por parte de las delegaciones municipales de Hacienda y Urbanismo, de todos los expedientes enviados a Recaudación para su estudio y adecuación a las posibilidades económicas de las familias, así como aplicar las correspondientes reducciones de los importes de las sanciones, una vez los infractores se acojan al proceso de regularización urbanística. “Planteamos propuestas positivas para Chiclana, pero el alcalde se niega a aprobarlas y mantiene su silencio a la vez que se embargan las cuentas corrientes, pensiones, nóminas, devoluciones de Hacienda y bienes de los infractores, sin posibilidad de negociar la deuda”, critican.
“Estamos hablando de sanciones con importes que van desde los 50.000 hasta los 200.000 euros, cifras que son imposibles de abonar por los afectados, más aún ahora que estamos sufriendo una crisis económica, que afecta a miles de familias chiclaneras, muchas de las cuales ni siquiera tienen para llegar a final de mes”, explican los socialistas, quienes reiteran que, “durante el tiempo en el que la economía ha funcionado, esta cuestión se ha podido sobrellevar, pero en estos momentos es prácticamente imposible”. “Por si fuera poco, además de la propia multa, hay que añadirle un recargo del 20 por ciento por intereses de demora, lo cual provoca un incremento de la deuda pendiente por parte de los afectados”, añaden.
Asimismo, desde el Grupo Socialistas aclaran que “estamos hablando de varios centenares de expedientes y de un montante superior a los diez millones de euros”. “Esperemos que el Gobierno se dé cuenta del daño que se está haciendo a las familias afectadas y, por ello, insistimos en que delegaciones de Hacienda y Urbanismo retiren dichos expedientes y se vuelva a estudiar los casos, para que se pueda acordar un plan de pago acorde con las posibilidades reales de las familias”, reclaman los socialistas, quienes indican que “a aquellos afectados que entren en el proceso de regularización se le debería adecuar la multa, de forma que ésta se redujera a solo el 25 por ciento”. “Así podría hacerse el pago de una forma real y cierta, sin necesidad de amargarle la vida a las familias chiclaneras”, manifiestan.
