La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años y medio de prisión y multa de 1.800 euros para tres acusados de vender por Internet teléfonos móviles que adquirían simulando altas aprovechando que dos de ellos trabajaban para compañías comercializadoras de telefonía móvil.
Se trata de Alejandro L.E., condenado anteriormente por apropiación indebida, María A.R.G., y Pamela G.A., a los que se les atribuye un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil, por los que serán juzgados en Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a partir de este martes día 9 y hasta el próximo jueves.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, una de las procesadas cuenta con experiencia laboral en empresas comercializadoras de telefonía móvil, y en el mes de julio de 2012 entró a trabajar en la empresa Lojartel, de la localidad de Ogíjares (Granada), la cual se dedicaba a la venta de teléfonos móviles y gestión de líneas telefónicas para la empresa Yoigo.
En el desempeño de dicha actividad laboral, la inculpada tenía acceso a los datos de los clientes de la empresa, tanto los que tenían o habían tenido líneas telefónicas con el suministrador como los que en cualquier momento habían efectuado cualquier petición de portabilidad de la línea con otro, con independencia de que hubiera fructificado o no, e igualmente aquellas líneas prepago no utilizadas.
"Aprovechándose de ello", durante los últimos meses de 2012 y enero de 2013 y "con intención de obtener un ilícito enriquecimiento económico" se concertó con los otros dos acusados para aprovechar las ofertas por la obtención de nuevos clientes y obtener numerosos terminales de alta gama y coste, simulando la realización de nuevos contratos, con peticiones de portabilidad ficticias, para lo que imitó las firmas de las personas cuyos datos se encontraban en el sistema informático de Yoigo.
Además, la otra inculpada se encargaba de la gestión de los terminales provenientes de la empresa Vodafone, dado que trabajaba para una empresa colaboradora llamada Servitel XXI en Granada, y había sido compañera de trabajo de la otra acusada, a la cual eran tramitadas desde Yoigo las peticiones de portabilidad indicadas.
Los terminales eran entregados al tercero de los inculpados, el cual los vendía a través de Internet a personas que no han sido identificadas, repartiéndose luego todos ellos los beneficios obtenidos.
Así, realizaron al menos 14 operaciones de venta de teléfonos valorados entre 400 y 700 euros por unidad e igualmente se efectuaron por los desconocidos compradores consumos telefónicos hasta el momento en que las compañías daban de baja las líneas por falta de pago.
