Dos personas han sido detenidas este martes en la capital aragonesa dentro de operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una nueva fase de la 'operación Madeja', bautizada como 'operación Enredadera'. Se trata de un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Zaragoza, y de otro, ya jubilado.
Los detenidos en la capital aragonesa son J.A.G.P., empleado de ADIF, y de M.A.M.T., ya jubilado se ha producido por la supuesta adjudicación de contratos de forma irregular.
Esta nueva operación que ha puesto en marcha la Guardia Civil contra la corrupción afecta a numerosas provincias españolas, a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.
Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según ha explicado la Guardia Civil.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos). Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.
Del análisis de la información incautada en aquella investigación la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Las detenciones y registros de esta 'operación Enredadera' están teniendo lugar en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas actuaciones se encuentra el registro de la Diputación de Sevilla o la detención de un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.
A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
DOBLE DAÑO
A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.
Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO de la Guardia Civil.
