La plataforma 22M, integrada por distintos colectivos y partidos de izquierda, ha protagonizado hoy un escrache en el número 4 de la calle Giner de los Ríos, en la Dehesa, donde hace varias semanas una familia de cuatro miembros fue desahuciada: "Son cuatro personas, de una familia que tenía una empresa de pinturas que quebró por la crisis, que hoy viven con sus suegros", explicó Javier Robles, portavoz de STOP Desahucios y miembro de la plataforma, quien llamó a la insumición "ante las leyes que defienden a unos pocos contra la mayoría de los ciudadanos. Si no nos defienden, no deberíamos cumplir esas leyes". Robles, al fin, pidió a las familias "que no teman a la hora de denunciar sus casos y hacerlos públicos", para evitar los desahucios mediante protestas y acciones que tengan repercusión social. En el caso de hoy, la denuncia se ha producido tras que haya tenido lugar la ejecución hipotecaria que se denunciaba.
Según explicó Álvaro Carreño, coordinador comarcal de IU, en el partido judicial de Ronda se vienen produciendo unos 200 desahucios al año, mientras 400 familias reclaman una vivienda. Los bancos tienen actualmente en venta 100 pisos y casas en la Serranía a partir de un desahucio, quedando vacías otras tantas. Por ello, el 22M ha pedido a los rondeños que no compren o alquilen este tipo de inmuebles "arrebatados" a familias que no pudieron hacer frente a determinados pagos.
"Esta situación no ha caído del cielo. Los bancos son los culpables, y el Gobierno del PP y el anterior Gobierno del PSOE que lo han permitido", dijo Carreño, al tiempo que calificó como "recurso de la vergüenza" el contencioso interpuesto ante el Constitucional por parte del Gobierno contra el famoso decreto antidesahucios de la Junta: "Ya no nos creemos las lágrimas de cocodrilo del PP, puesto que mantienen paralizado el decreto con su recurso. Pedimos a la alcaldesa de Ronda y al PP rondeño que protesten contra su partido para defender a sus ciudadanos de este ataque".
Por su parte, Alejandro Serrato, portavoz del SAT, criticó que "haya ciudadanos sin vivienda en la Serranía cuando hay muchas casas vacías", y culpó de esta situación también a los políticos locales: "La alcaldesa de Ronda o el alcalde de Arriate no han sido capaces de sentarse a negociar con los bancos cuando se ha producido un desahucio. Los culpables son los bancos, que se enriquecen a costa de los ciudadanos, y estos políticos locales que también deben hacer algo", terminó.
