Una mujer se ha rociado gasolina en la oficina de la empresa promotora de vivienda pública del Ayuntamiento de Cádiz (Procasa) con la intención de quemarse a lo bonzo para tratar de impedir así el desalojo de la vivienda en la que reside, que estaba previsto que se llevara a cabo este miércoles 28 de mayo. El Ayuntamiento de Cádiz asegura que la familia de la mujer está ocupando esa vivienda desde marzo de 2013 "de forma ilegal".
La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press que la mujer se ha rociado gasolina aunque se le ha impedido que se prendiera fuego. Los agentes se han personado en el lugar de los hechos y poco después han llegado los servicios sanitarios que han atendido a la mujer.
En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Cádiz expone que la familia, compuesta por un matrimonio y dos hijos de 16 y 19 años, ocupa desde marzo de 2013 "de forma ilegal" la vivienda municipal situada en la calle Grazalema.
El Ayuntamiento de Cádiz desvela que en la mañana de este martes el concejal de Vivienda, Pablo Román, acompañado de distintos técnicos de Procasa, ha estado reunido por espacio de tres horas con la mujer, "que finalmente ha amenazado con prenderse fuego, algo que ha sido evitado por el propio concejal".
Asimismo, ha recalcado que la familia "ha sido atendida tanto por los servicios sociales como por la empresa municipal de la vivienda Procasa desde hace meses para buscar una solución a su problema de vivienda".
Procasa solicitó "la adopción de una medida cautelar de desalojo de la vivienda por el perjuicio que esta situación de ocupación ilegal de la vivienda estaba ocasionando a la familia adjudicataria de la misma, procedente del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda".
El Consistorio gaditano expone que, con fecha de 29 de agosto de 2013, el juzgado dictó una providencia en la que se acordaba el desalojo de la vivienda para el 20 de septiembre, aunque esta familia procedió a solicitar una aplazamiento.
Tras remitir el Juzgado dicho escrito a Procasa, la empresa promotora de vivienda pública del Ayuntamiento de Cádiz "no se opone y se acuerda posponer el desalojo hasta el 31 de octubre, acordándose esta fecha mediante Providencia del Juzgado". Una vez se acerca la fecha el denunciado vuelve a solicitar un nuevo aplazamiento, fijándose éste "sin la oposición de Procasa" hasta el 31 de diciembre de 2013.
Llegado el momento, "nuevamente se pide el tercer aplazamiento acordándose la suspensión del desalojo y señalando una nueva Providencia como nueva fecha el 1 de febrero de 2014, aunque en esta ocasión el Juzgado advierte expresamente que se trata de un plazo definitivo, ya que hay que tener en cuenta que otras personas tienen mejor derecho para ocupar la misma, por lo que la situación no se puede mantener en el tiempo".
El Ayuntamiento de Cádiz ha resaltado que esta advertencia se hace a instancias del Ministerio Fiscal en un informe emitido el 26 de diciembre de 2013.
El Consistorio gaditano ha detallado que la familia sigue permaneciendo en la vivienda "hasta que el pasado 13 de mayo se dicta una nueva Providencia en la que, ante el incumplimiento del desalojo requerido para el 1 de febrero, se acuerda el lanzamiento para el 28 de mayo", es decir, este miércoles.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz afirma que desde Procasa "se ha evitado hasta en cuatro ocasiones el desalojo de la vivienda puesto que se han solicitado un total de cuatro aplazamientos desde septiembre de 2013 hasta la fecha, y el Ayuntamiento nunca se ha opuesto a ninguno de ellos, demostrando así su voluntad de colaborar para evitar que esta familia se quede en la calle".
Igualmente, se explica que la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz "ha atendido en varias ocasiones a esta familia, concediéndole una ayuda de 1.000 euros para alquiler de vivienda en enero de 2014, aunque esta ayuda no ha sido justificada".
"Desde enero hasta la semana pasada esta familia no ha vuelto a requerir la atención de Servicios Sociales, que le ofreció ayuda para alquiler periódico aunque debe justificar que ese dinero fue dirigido para vivienda, hecho que no ha ocurrido aún", apunta el Consistorio.
No obstante, matiza que "se le ha ofrecido que busquen una vivienda de alquiler para poder ofrecerles las ayudas".
El equipo de gobierno insiste en que esta familia "tiene que buscar una vivienda para que pueda procederse a la concesión de ayudas de alquiler periódico que se ofrecen desde la Delegación de Servicios Sociales".
Asimismo y ante el inminente desalojo decretado por el Juzgado, también se le ha ofrecido "un alojamiento de urgencia en una pensión, algo que también ha sido rechazado".
El Ayuntamiento de Cádiz apunta además que "hay una familia que tiene a uno de sus miembros tiene una discapacidad y que procede del Registro de Demandantes de Vivienda a la que se le ha adjudicado esta vivienda".
Por último, reseña que "según los informes de los técnicos municipales", dicha familia "está en una situación de mayor necesidad para ocupar la misma y, por supuesto, lo hará de una forma legal bajo los criterios estipulados en dicho registro para la adjudicación de viviendas municipales".
