La discapacidad, que afecta a 93 millones niños en el mundo, es una de las principales causas de marginación y exclusión en la educación, según alerta Entreculturas, Ayuda en Acción y Educación sin Fronteras. En Burkina Faso, por ejemplo, tener una discapacidad aumenta dos veces y media el riesgo de que los niños no vayan al colegio y en Nepal, la gran mayoría (85%) de los menores no escolarizados tienen algún tipo de discapacidad.
Con motivo de la Campaña Mundial por la Educación, la Coalición Española de esta iniciativa --formada por Ayuda en
Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas-- celebra la semana que viene, del 7 al 13 de abril la Semana de Acción Mundial por la Educación, en la que participarán más de 28 ciudades españolas, 1.384 centros educativos, 7.415 alumnos y se realizarán más de 15 actos en la calle.
Bajo el lema 'Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva', estas organizaciones reivindican en todo el mundo el derecho de niños y niñas con necesidades educativas especiales a recibir una educación de calidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En todas las comunidades autónomas, escolares y alumnos de secundaria participarán durante la próxima semana en actividades que ellos mismos junto con docentes han trabajado previamente en el aula. Se pueden consultar las actividades que se llevarán a cabo en http://www.cme-espana.org/noticia/consulta-ya-las-actividades-previstas-para-la-same-en-tu-ciudad.
En el marco de esta campaña mundial, las ONG españolas recuerdan al Gobierno la "importancia" de apostar por la Ayuda Oficial al Desarrollo "como instrumento clave" en la lucha contra la pobreza, tal y como recoge la moción recientemente aprobada por unanimidad por todo los grupos de la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado.
En este sentido, solicitan al Ejecutivo que impulse la cooperación y vuela "lo antes posible" a la senda de asignar el 0,7% de la Renta Nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo, destinando el 8% de ella a educación básica; y que adapte la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
