Sólo en el pleno del pasado mes de enero, el equipo de Gobierno del Partido Popular dio el visto bueno a 18 facturas superiores a 3.000 euros (con una suma total de 183.980 euros), algo que estaría dentro de lo normal siempre y cuando no se estuviera saltando los procedimientos reglamentarios que se marcan para los contratos de esa cantidad o mayores. El interventor ya ha dado su aviso a la irregularidad de las formas que se están empleando, pero fuentes municipales han asegurado a Viva Huelva que es un ‘modus operandi’ que se está convirtiendo en costumbre.
Viva Huelva ha accedido a diez decretos de intervención del mes de diciembre, los correspondientes a los días 2, 3, 13 (2), 17, 18, 19, 26 y 27 (2). En todos ellos, la intervención general del Consistorio onubense insiste en lo mismo: “Estas facturas han sido fiscalizadas y, vista la facturación anterior, se desprende que incumplen la Base 14 de Ejecución del Presupuesto que dispone que no se podrá tramitar ningún contrato menor de importe igual o superior a 3.000 euros, sin el informe previo del Departamento de Contratación. De aprobarse dicho gasto cuenta con consignación en el Presupuesto Municipal Ejercicio 2013”.
En esta misma línea, en uno de los decretos de intervención, concretamente en uno de los expedidos el 13 de diciembre se añade que “exceden de la cantidad establecida para los contratos menores, no habiéndose tramitado los correspondientes expedientes de contratación”.
¿A dedo?
Fuentes municipales consultadas por Viva Huelva explican que este límite económico impuesto entre contratos menores y los que no lo son se establece con el fin de que los servicios a contratar por el Ayuntamiento que igualen o superen los 3.000 euros han de sacarse a licitación, abriendo la posibilidad a que más de una oferta se ponga sobre la mesa. El equipo de Gobierno no lo está haciendo, y ha tomado como costumbre saltarse los procedimientos reglamentarios a pesar de que Intervención no es la primera vez que repara en ello, y pleno a pleno se da el visto bueno a facturas que esquivan el reglamento presupuestario municipal.
En la sesión plenaria de enero, salieron adelante las siguientes facturas superiores a 3.000 euros señaladas en los decretos de intervención. En el decreto del 2 de diciembre, aparecen una factura de 5.033 euros por reparaciones de vehículos policiales y dos de servicio de vigilancia que suman 18.000 euros (8.000 y 10.000, respectivamente). Además, estas dos facturas a la empresa de seguridad integral “incurren en un fraccionamiento del objeto de contrato”, según avisa el interventor.
En el decreto del 3 de diciembre, 3.206 euros por mantenimiento de hardware; en los del 13 del mismo mes, 4.429 de comunicación institucional y 5.978 por conservación y mejora de edificios.
El decreto del 17 de diciembre presenta facturas de 12.100 euros por gastos jurídicos, 24.430 por el gasóleo de los colegios y 25.692 por conservación y mejora de edificios. La conservación de alumbrado público deja una factura de 13.684 euros, según señala el decreto del día 18. En el del día 19, 7.983 euros para productos fitosanitarios y abonos, y 4.652 especificados como actividades y otros gastos. La empresa encargada de la automatización de procesos factura 21.765 euros y 7.652 son para la conservación y mejora de edificios, tal como expone el decreto del día 26.
Por últimos, los decretos emitidos el 27 de diciembre señalan 3.436 para gastos del funcionamiento de la Policía, 19.157 en vestuario de los agentes, 3.550 en actividades de cultura y festejos, y 3.226 en agua.
El Ayuntamiento ha aprobado esas facturas, algo que los proveedores agradecerán, pero lo está haciendo obviando las normas municipales en todos y cada uno de los servicios que contrata y que igualan o superan los 3.000 euros.
