El fiscal ha retirado la acusación de cohecho contra los procesados, entre ellos una monitora deportiva del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, por introducir droga en el interior de la cárcel, y ha rebajado las penas que solicitaba para los cuatro por delitos contra la salud pública a nueve meses de prisión y multa de 760 euros.
El Ministerio Público ha tomado esta decisión en el trámite de informes después de que, durante la vista oral que se ha celebrado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, los acusados hayan reconocido los hechos referentes al tráfico de drogas pero hayan negado haber recibido contraprestación económica, lo que deriva en ausencia de prueba con respecto al cohecho.
El fiscal también ha eliminado el subtipo agravado en el delito contra la salud pública ya que la entrega de la droga se hizo en un "bar a 300 metros" del centro penitenciario de El Acebuche y no llegó al interior, al tiempo que ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que la causa se inició en 2007.
Según ha indicado a Europa Press el letrado Alfredo Najas, las defensas se han adherido a la petición fiscal de nueve meses de prisión y multa de 760 euros frente a las penas de 11 y 8 años de cárcel que interesaba inicialmente, y han anunciado en sala que no presentarán recurso contra la resolución judicial.
El Ministerio Público tenía previsto solicitar penas individuales que suman once años de cárcel para dos hombres y la mujer, mientras que para el cuarto imputado, al que atribuía la organización de las entregas durante su estancia en el centro penitenciario, interesaba una pena de ocho años de cárcel y multa de 6.000 euros como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Según recogía en su escrito, D.M.G. "concertó" presuntamente con la funcionaria I.M.L.M., quien trabajaba como monitora deportiva en El Acebuche desde hacía nueve años, la introducción en el interior de la prisión de "drogas, alcohol y dinero en efectivo".
Para tal fin, D.M.G. se ponía, al parecer, "previamente de acuerdo" con su hermano J.J.M.G. y con J.J.R.A., a quienes avisaba de la fecha y hora de las entregas, que se efectuaban en el exterior del edificio, "por medio de aparatos de telefonía que, de forma ilícita, le transmitían personas no identificadas".
La operación, que se saldó con el desmantelamiento del grupo, se desarrolló a las 09,20 horas del 19 de septiembre de 2007. Según indica el fiscal, J.J.M.G. y J.J.R.A. quedaron con la empleada pública en un bar próximo a la prisión y allí le hicieron entrega de una mochila.
En el interior, se encontraron dos paquetes envueltos con 250 pastillas de trankimazín, 3,95 gramos de cocaína y 86,5 gramos de hachís, así como una botella de plástico con whisky. La droga hubiese alcanzado en el mercado negro un valor de casi 1.600 euros.
En la actuación, se intervino a J.J.M.G. un total de 200 euros procedentes de la venta 'al menudeo' ya que los agentes hallaron en el registro por orden judicial de su domicilio 127 pastillas de tranquimazín, y tres gramos de hachís.
