El primer secretario local del PA en San Fernando, Francisco Romero, ha informado que el Partido Andalucista isleño continúa luchando por los derechos de aquellos padres y madres de San Fernando que, a pesar de la grave crisis económica, deben de afrontar gastos que poco se adecuan a la realidad de sus hogares y a sus recursos para que sus hijos e hijas inicien sus cursos escolares en el primer ciclo de Educación Infantil en las Escuelas Infantiles que la Junta de Andalucía tiene en La Isla.
El líder andalucista recuerda que esta lucha comenzó el pasado mes de julio, cuando el PA defendió en el Pleno una moción que solicitaba a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que arbitrara mecanismos de consulta con la Agencia Tributaria y tuviese en en cuenta la situación actual y real de las unidades familiares.
En dicha moción, recuerda Romero, el PA solicitaba que se demorara el plazo de matrícula, de tal manera que la última declaración presentada por las familias fuera la de 2012, y que se posibilitara la presentación de documentos que acreditaran la situación laboral de desempleo o la merma de ingresos de la unidad familiar. Dicho acuerdo plenario tuvo respuesta el pasado 18 de septiembre por parte de la Delegación Provincial, una vez finalizado el plazo de escolarización, que de forma muy ambigua indicaba que este acuerdo sería trasladado a la Consejería de Educación.
Ante la ausencia de soluciones el PA remitió sendos escritos de queja y denuncia el mismo mes de septiembre a la Consejera de Educación y al Defensor del Pueblo Andaluz para insistir en la importancia de este acuerdo y solicitar la colaboración, la implicación y el compromiso de ambos en la búsqueda de soluciones para estas familias. El líder andalucista señala que si bien la misiva remitida a la Consejera de Educación aún no ha recibido respuesta sí lo ha hecho el escrito enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
En su respuesta Maeztu estima y comparte los argumentos y las posturas del PA en la defensa de los intereses de las familias afectadas y asegura que “las reflexiones y opiniones” de los andalucistas “pueden ser de utilidad para el futuro trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz”. Es más, el escrito remitido por el PA isleño se incluirá en el próximo Informe Anual que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz remitirá al Parlamento de Andalucía.
Al igual que el PA, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya la rigidez del sistema y considera que la normativa debe ser “lo suficientemente flexible como para contemplar las posibles variaciones experimentadas durante las familias en sus rentas y no centrarse en la situación económica coincidente con la renta declarada a la Agencia Tributaria dos años atrás, que puede no tener relación alguna con la situación económica de la familia en la fecha de acceso a los menores a una plaza en uno de estos centros”.
Maeztu continúa su misiva de respuesta aclarando que para la Oficina que dirige “es una injusticia material, que no formal, que algunas familias que habían visto mermados sus ingresos por avatares de la vida, tuvieran que hacer frente al precio público que se ha de abonar por la prestación de los servicios de atención socioeducativa como si siguieran disfrutando del nivel de renta que tenían dos años antes, lo que, en determinadas circunstancias había llevado a los padres a la decisión de prescindir de estos servicios públicos por no poder hacer frente a su coste”, razonamiento éste que coincide con el de los andalucistas.
Además, según el Defensor del Pueblo Andaluz la actual normativa de aplicación de precios públicos establecidos para los servicios de estas Escuelas Infantiles supone “una quiebra del principio de capacidad económica consagrado en el Articulo 31,1 de la Constitución, que tiene su traslación al ámbito autonómico en el Artículo 179.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007”.
“Dicho principio determina la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, aspecto desarrollado en similares términos por el Artículo 3 de la Ley General Tributaria 38/2003 de 17 de diciembre, al establecer que 'la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”, continúa la carta de respuesta.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz opina que “resulta imprescindible seguir estudiando el el modo en el que pueda ser viable que las familias que han visto sus economías sustancialmente alteradas puedan acreditar en el momento que sea preciso -y no sólo en el procedimiento de escolarización anual- los ingresos de la unidad familiar a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes a los precios públicos que han de satisfacer por los servicios que se prestan en las Escuelas de Educación Infantil y Centros de Convenio, así como de las bonificaciones que les pudieran ser de aplicación”.
“Conocer la respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz y comprobar que ésta coincide con nuestro posicionamiento carga a los andalucistas de razón y nos anima a seguir adelante con estas reivindicaciones. Insisto, el Partido Andalucista cree que la legislación debe de ser algo vivo, orgánico y justo y que debe de adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades y urgencias reales de los ciudadanos. Les adelanto a los padres y madres de La Isla afectados que no nos rendiremos en esta lucha. Esperamos que la Consejera de Educación rompa de una vez su silencio y atienda nuestras demandas”, finaliza el líder andalucista.
