El exjefe provincial de la Policía Autonómica en Almería Francisco Javier Rodríguez ha asegurado este miércoles en sala que su enjuiciamiento acusado de malversar más de 33.000 euros de caudales públicos y falsear las facturas y memorias con los que se justificaban gastos responde a un "complot que tiene nombres y apellidos" señalando a la persona que ostenta el cargo en la actualidad, Luis Francisco Llinares, y ha afirmado que "jamás ha robado dinero público".
En su declaración durante la vista oral con jurado popular por la que se enfrenta a las penas de seis años de prisión y de nueve de inhabilitación absoluta, Rodríguez Barea ha admitido, no obstante, que "no había un control" sobre las facturas y las memorias justificativas que pasaba la Unidad Adscrita "con su firma" a la Delegación del Gobierno de la Junta andaluza y que se hacían tomando de base "unas plantillas" en las que se decía el número de personas qué habían asistido a la comida de trabajo pero no su identidad.
"Yo firmo lo que me dan y, debido al volumen de trabajo mortal, no me pongo a ver lo que viene", ha respondido al ser interpelado sobre si firmaba "en barbecho" para añadir, a continuación, que no veía "trascendencia en absoluto" en la revisión de facturas y memorias justificativas ya que no eran "documentos oficiales". "No se quién podía controlar si una comida o una obra se había hecho, es triste pero es así", ha reiterado tanto a preguntas del Ministerio Público como de la letrada de la administración autonómica que ejerce la acusación particular si bien ha apelado "a la buena fe y a la confianza".
Rodríguez Barea, quien se someterá al interrogatorio de las defensas este jueves para dar paso al testimonio del otro mando encausado, el exjefe de negociado José Ignacio Romero, no ha podido precisar si el contenido de las 31 facturas por comidas de trabajo, obras en la sede de la Unidad o reparaciones de vehículos se corresponde con la realidad "porque no era mi trabajo y mi firma no era una forma de control" al tiempo que ha reconocido que "nadie" de la Delegación del Gobierno de la Junta "ha ido a la propia Unidad ha comprobarlo".
En el interrogatorio, farragoso ya que el Ministerio Público se ha visto obligado a detallar las facturas que están bajo sospecha entre los años 2007 a 2009 una por una, ha justificado el uso de fondos públicos que aparecían consignados en el presupuesto con carácter finalista a otros asuntos en supuestas carencias de medios de la Unidad cuando se le ha preguntado por el destino del dinero para una obra que él, en instrucción, dijo que había servido para la compra de "botas y uniformes".
"Jamás he robado dinero público y me parece de no tener vergüenza prevalerte de tu cargo y del dinero público para comidas oficiales para que tus amigos coman por la cara. No he comido a costa del erario público", ha señalado el mando policial, quien se ha presentado como víctima de "una trama de venganza personal" con "nombres y apellidos" ya que, según ha remarcado, Llinares era la "única persona interesada en quedarse" con el cargo de jefe provincial de la Policía Autonómica y la denuncia "se presentó justo después de que regresase de una comisión de servicio en Huelva".
En este caso, la Fiscalía sostiene que, entre 2007 y 2009, ambos se valieron presuntamente "en beneficio propio" de la elaboración de memorias con las que justificaron, por un lado, facturas correspondientes a supuestas comidas por motivos de trabajo "cuando no era así" y por otro, obras y servicios que, "al final, no se realizaron".
En su alegato, las defensas ejercidas por los letrados Juan Marfil y Fermín Vázquez han coincido en remarcar que la actuación de ambos "fue escrupulosa" y han insistido en que las facturas y las memorias justificativas se sometían al visado del interventor y el secretario general de la Junta andaluza. "No tenían capacidad ni autonomía para decidir nada en este aspecto ni hacer pagos a libre albedrío".
"PENA DE BANQUILLO" Y "FUEGO CRUZADO"
Tras señalar la "injusticia" que supone para sus patrocinados "una pena de banquillo de tres años más otros dos y medio de suspensión de empleo y sueldo", Marfil ha hecho mención a que se habría "dado la vuelta de forma maliciosa a las facturas" y lo ha relacionado con Llinares, "quien quería hacer todo lo posible para que no regresase a su puesto tras la comisión de servicio".
Vázquez, por su parte, ha atribuido a "fuego cruzado en temas en los que está Barea" la acusación contra su cliente y ha subrayado que la actuación de José Ignacio Romero se hizo "con conocimiento y consentimiento" de sus "inmediatos superiores".
Las memorias investigadas hacen alusión, por un lado, a tres obras adjudicadas a tres empresas distintas por 9.580,28 euros, 6.411,24 euros y 5.302,84 euros, y al arreglo de unos vehículos policiales con un gasto de 4.640 euros facturado a nombre de una empresa que se dedica al montaje de estructuras de invernaderos.
La fiscal considera que "todas las memorias justificativas" era confeccionadas "de común acuerdo" por ambos, quienes "ajustaron su contenido al importe del dinero del que dispusieron". Subraya que Rodríguez Barea, en razón de su cargo, era el que las "firmaba" mientras que el jefe de negociado "por razón de su profesión" era la persona "que las redactaba".
El escrito, que aplica el concurso medial entre los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial para fijar la pena de seis años de prisión, pide, asimismo, que ambos indemnicen con 33.103 euros a la Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el proceso.
