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Jaén

Protesta de abogados contra las tasas judiciales

El Colegio de Abogados convocó la concentración coincidiendo con el primer año en vigor. El decano, Vicente Oya, valoró que la Ley de Tasas Judiciales ha privado a miles de jienenses de su derecho a la tutela judicial efectiva

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Los abogados jienenses se concentraron ayer ante las puertas de la   Audiencia Provincial de Jaén para mostrar su postura contraria a las tasas judiciales impuestas por el Gobierno Central. Fue convocada por el Colegio de Abogados de Jaén con motivo del primer aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta medida.

El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, lamentó que un año después de la entrada en vigor de las tasas judiciales, la situación de la Justicia no haya mejorado. “Esperamos que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos prosperen pero, aún así, el daño ya está hecho”, dijo.

Vicente Oya recordó que la recaudación hasta septiembre de las tasas ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos para todo el año. “El Ministerio no ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas y además el importe de las tasas no se está destinando a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como se dijo”, explicó.

Los abogados reiteraron que la ley de tasas judiciales es “una verdadera barbaridad” y que tiene en contra a todos los operadores jurídicos de España. De hecho, el decano expuso que la Ley de Tasas Judiciales ha privado a miles de jienenses de su derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución española. “El acceso al sistema judicial se está convirtiendo en un artículo de lujo para muchas personas en la provincia de Jaén”, valoró.

El manifiesto elaborado con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor de las tasas judiciales  reflejó que la Ley “ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia”. También recoge que el objetivo de la Ley de Tasas era y e”puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos”. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

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