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Cádiz

PP, PSOE, PA e IU se unen en la defensa del sector naval

La Diputación Provincial de Cádiz ha modificado el contenido del Pleno para aprobar una única moción conjunta de apoyo al sector naval de la Bahía en su reivindicación de carga de trabajo y para que el contrato de los gaseros para Repsol y Gas Natural se firme finalmente con Navantia

  • Concentración en Diputación -

“Es momento de la unión y el esfuerzo de todos para lograr carga de trabajo para la Bahía”, señaló José Loaiza, presidente de la Diputación ayer durante un Pleno que “expresa el sentir de todos los partidos políticos y de todos los gaditanos”.

Y es que ayer se vivió uno de esos momentos que tanto reclama el ciudadano, la unión de todos los partidos en pro de una misma causa, en este caso la lucha por la supervivencia de Navantia, y por ende, de miles de puestos de trabajo.

La jornada comenzó con los trabajadores de los astilleros de Navantia en Cádiz, San Fernando y Puerto Real concentrados de forma “pacífica” ante la Diputación, que celebraba su Pleno ordinario de noviembre. El objetivo era reclamar “información veraz” sobre el contrato de los gaseros que disipe el “mar de confusión” que impera actualmente al respecto. Al final se logró mantener un encuentro con los portavoces de todos los grupos, encuentro que sirvió para fijar otra reunión entre los partidos y los comités de empresa para el próximo martes. También se logró que se anulara el orden del día del Pleno y que éste se centrara de forma exclusiva en Navantia y en aprobar la adhesión a una carta remitida por el sector naval en la que se pide que los gaseros se hagan en España, “por responsabilidad social no sólo del Gobierno, sino sobre todo de las empresas, que son españolas y tienen que comprender la situación que está pasando España y esta provincia”.

José Antonio Oliva, presidente del Comité de Intercentros de Navantia, indicó al respecto que lo ocurrido es “un espaldarazo para el sector y es de las pocas veces que los partidos políticos se unen por algo”.

Oliva señaló que “los grupos políticos nos han propuesto el próximo martes como día para mantener esa reunión y además se han sumado a una iniciativa que ha partido del Colegio Nacional de Ingenieros a fin de aprobar un manifiesto que viene a decir que el sector naval español cuenta con alta tecnología y por tanto podemos abordar cualquier tipo de construcción naval, además de incidir en la responsabilidad que tienen las empresas españolas para dejar algo aquí, ya que se les ha dado mucho dinero público, que menos que dejar algo de ese dinero aquí, en España y no llevárselo hacia Asia, sea Corea, Japón o China”.

Por su parte, ,los portavoces de IU, PA y PSOE  destacaron la necesidad de unión para “reafirmar el compromiso de las administraciones con el sector naval”. Irene García, portavoz del PSOE en Diputación, añadió que “este esfuerzo no debe quedarse aquí” e instó a que José Loaiza “abandere este situación” y entre todos “defender los miles de puestos de trabajo”.
 

La moción

De esa manera, el Pleno ha acordado "por unanimidad" adherirse a la carta de apoyo al sector naval español firmada por las organizaciones Aclunaga, Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, Clúster Marítimo Español, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Confemetal, Foro Marítimo Vasco, Pymar y Sercobe, y en consecuencia manifiesta la" enorme trascendencia que para la industria española tiene la adjudicación a astilleros españoles de la fabricación de los cuatro buques LNGs para Gas Natural-Fenosa".

 Recoge la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "es una decisión estratégica para este país porque es una apuesta por el empleo y el desarrollo industrial, así como para las capacidades tecnológicas y de ingeniería en España".

 La industria española de construcción naval, su industria auxiliar, y en general todo el sector, tienen en este proyecto "una oportunidad única para superar la delicada situación que atraviesan". Es por ello que los astilleros españoles han realizado "un gran esfuerzo para presentar una oferta plenamente competitiva en precio, plazos y tecnología frente a cualquier astillero internacional. Una oferta que da plena satisfacción a las necesidades de los armadores y fletadores de los buques".

 Destaca que España tiene la experiencia y las capacidades para efectuar el encargo con éxito, porque ya lo ha hecho. Así, entre 2000 y 2007 construyó seis buques similares en menos plazo del requerido, al precio establecido y a plena satisfacción del cliente.

 El proyecto dará empleo directo a unas 6.500 personas de promedio cada año durante tres años en Andalucía, Galicia y País Vasco. Supone 12 millones de horas de trabajo, e involucrará directamente a más de 400 empresas de las zonas. Dado que el sector de la construcción naval tiene un factor multiplicador del 2,53 en cuanto a empleo generado, se puede estar hablando de que unos 16.500 puestos de trabajo que de manera directa e indirecta se beneficiarán del proyecto.

 La consecución de este nuevo contrato significaría "la salida de la crisis" para el sector de la construcción naval española que, en caso de no materializarse, enviaría un mensaje "tremendamente negativo" al mercado, ya que se trata de una demanda de buques por parte de un armador español trabajando con operadores españoles y cuya demanda mundial mantendrá un crecimiento sostenido.

 Este proyecto se enmarcaría dentro de la estrategia de reindustrialización por la que está apostando la Unión Europea, la cual se sintetiza en el objetivo de lograr que la industria signifique el 20 por ciento del PIB para 2020, el cual quedará integrado en la estrategia Europa 2020 en el próximo Consejo a celebrar en febrero de 2014, dado que España está "lejos de ese ambicioso objetivo", señala la moción.

 Abunda que los españoles "no podrán entender que se rechace una opción tan beneficiosa para los intereses generales y que, por el contrario, se elija una alternativa tan perjudicial para nuestro futuro compartido".

 Asimismo, se acuerda el traslado del presente manifiesto al Gobierno de España, la SEPI, Navantia, Gas Natural, Repsol, Knutsen España y Elcano.

 Por último, se reiteran los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación de fechas 16 de noviembre de 2011, 15 de febrero, 18 de abril y 20 de junio de 2012 y 8 de septiembre de 2013 sobre defensa del Sector Naval.

Reacciones

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha asegurado que el Gobierno y responsables directos del asunto están haciendo "todo lo posible" para que los gaseros de Gas Natural "se hagan definitivamente en España", lo que aseguraría carga de trabajo para los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al ejercicio COPEX 13, desarrollado por las Fuerzas Armadas en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz), el ministro de Defensa ha destacado que para su cartera "la carga de trabajo civil de Navantia es importante, porque de alguna manera nos quita presión dentro del ámbito presupuestario restringido que tenemos para poder planificar mejor las nuevas construcciones militares que podríamos estar pensando".

Por último, Morenés ha señalado que le gustaría "que todos los que reclaman más carga de trabajo para Navantia reclamaran también más presupuesto para el Ministerio de Defensa".

El presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, ha vuelto a asegurar a los trabajadores "con firmeza" que la compañía "sigue trabajando para que el contrato de los gaseros se quede en España", aseverando que Navantia "ha cumplido todo el proceso y todos los plazos en cuanto al lanzamiento de la oferta".

 Lo ha manifestado así en el transcurso de una reunión del comité intercentros celebrada por videoconferencia en la jornada de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía y el presidente del comité intercentros, José Antonio Oliva.

 La empresa ha recurrido a este método para atender a las continuas peticiones de los representantes de los trabajadores para que les concreten información sobre el asunto, les den más datos e incluso fechas.

 Dice Oliva que el presidente ha sido "firme" en sus aseveraciones: que Navantia sigue trabajando para que el contrato se quede en España, que está trabajando "al más alto nivel" con instituciones y los ministerios correspondientes y que se ha cumplido el proceso y los plazos en cuanto a la presentación de la oferta.

 En este sentido, fuentes de Navantia han indicado que, a preguntas de los trabajadores sobre este último aspecto, el presidente respondía que la oferta formal fue presentada "antes del 17 de julio", que era cuando expiraba el plazo.

 Igualmente, ha incidido en que "las características tecnológicas y el precio son totalmente competitivos" y en que Navantia tiene la experiencia y las capacidades necesarias para desarrollar el trabajo a plena satisfacción.

 Así, aunque entiende que los trabajadores puedan estar "confusos", Revuelta les ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" en el sentido de que "se están haciendo todas las gestiones para conseguir el contrato", explican desde Navantia.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha manifestado que "no es posible ni permisible que el sector naval retroceda en Andalucía", destacando la necesidad de que "el Gobierno de este país presione claramente a Gas Natural y Repsol, que son empresas muy ligadas a lo que significa nuestro territorio, para que los cuatro gaseros se queden aquí y mejoren las condiciones de seguridad, certidumbre y futuro de nuestro sector naval".

 En declaraciones a los periodistas en Puerto Real (Cádiz), Valderas ha expresado su "preocupación" ante las noticias "contradictorias" que llegan sobre el contrato de los gaseros y su posible construcción en astilleros asiáticos, por lo que este martes mantuvo una conversación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

 Según explica Valderas, recordó al ministro la reunión que mantuvieron en julio y en la que creyó "a pies juntillas" el interés del Gobierno porque se resolviera la carga de trabajo, y "si había problemas con los BAM (Buques de Acción Marítima), tenía que haber salida con los gaseros".

 En esta línea, se les planteó desde el Gobierno que "antes del 31 de diciembre habría carga de trabajo cierto en Navantia". Esa fecha está "muy cerca" y existe un "sentimiento de preocupación más amplio por las noticias contradictorias que llegan de los gaseros".

 Señala el vicepresidente de la Junta que Montoro le aseguró que "no hay que darlo por perdido", por lo que aboga por dar "espacio de confianza" para ganar ese contrato. No obstante, insiste en la necesidad de que el Gobierno "presione" a Repsol y a Gas Natural, y a éstas les reclama que "piensen en España, en el lugar donde nacieron y se desarrollaron".

 Preguntado sobre la posibilidad de que Navantia no hubiera presentado una oferta firme, Valderas indica que espera que no sea así, ya que sería "un punto de irresponsabilidad".

 Finalmente, anima a "seguir insistiendo y batallando" y confía en que el Gobierno "no va a dejar tirado al sector naval", ya que si retrocede se daría "una situación límite para miles de trabajadores de Andalucía y de la provincia de Cádiz".

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