La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de una vivienda en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, en aplicación de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre.
Así lo recoge un anuncio que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
Se trata de la novena vivienda sometida a este proceso en Andalucía en aplicación de la Ley aprobada por el Parlamento tras las tres registradas en la provincia de Almería, en Roquetas de Mar y Balerma; otras dos en la provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; dos más en la provincia de Málaga, en Torremolinos y Vélez-Málaga, y una en Huelva capital aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que corresponde a la primera vivienda andaluza con el expediente culminado.
En el caso de San Juan de Aznalfarache, se trata de una vivienda ubicada en el tercer piso del bloque 7 de la calle Jerez de la Frontera, con una superficie construida de 67,87 metros cuadrados, que había sido embargada por BBVA. Esta vivienda estaba en un procedimiento de ejecución hipotecaria instada por dicha entidad.
A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de este expediente (una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.
La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.
