La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, se ha reunido con el presidente de la Federación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom), Manuel Dorado, con el objetivo de establecer vías de colaboración para que "el derecho constitucional de manifestación no interfiera en el correcto desarrollo de la actividad comercial del centro de Sevilla". Así, Panadero ha trasladado a Dorado que la Subdelegación del Gobierno "siempre se apoyará y respaldará" a la Asociación de Comerciantes de Sevilla, asegurando que se seguirá trabajando "como ha hecho hasta el momento" para el mantenimiento del orden público.
En esta línea, desde Aprocom se ha valorado a través de un comunicado el "clima de entendimiento" y la amplia información trasladada sobre los incidentes producidos este pasado sábado en las calles del centro de Sevilla entre los manifestantes de ideología radicalmente opuesta con el resultado de la detención de una persona. Además, señala que se ha trasladado información sobre las sanciones que se vienen imponiendo desde hace tiempo "a las personas físicas que representan a las entidades y organizaciones que incumplen las obligaciones legales en materia de comunicación previa y requisitos en las manifestaciones, anunciando también sanciones a quienes corten en sus manifestaciones el tranvía".
En una nota, la subdelegada ha reiterado que el día 26 de octubre "sólo existía una manifestación comunicada y autorizada" en Sevilla a la Asociación de Estudiantes 'Respuesta Estudiantil', una asociación "debidamente inscrita" en el Registro Nacional de Asociaciones desde el año 2010 y cuya convocatoria para ejercer su derecho a manifestación "se adecuaba, en tiempo y forma a los requerimientos establecidos por la Ley".
Además, ha defendido la actuación de los efectivos de la Policía Nacional, quienes "actuaron de forma ejemplar con el único objetivo de garantizar la seguridad de los manifestantes y del resto de ciudadanos y comerciantes del centro de la ciudad ante la concentración ilegal e improvisada, promovida por distintos grupos radicales a través de las redes sociales y cuyo fin era agredir a los manifestantes".
En concreto, ha detallado que se trataba de una concentración que pretendía impedir el "correcto desarrollo de una manifestación que, hasta ese momento, transcurría con total normalidad y de forma pacífica, respetando los límites, cauces y recomendaciones del despliegue de la Policía Nacional, que se encontraba en el lugar para evitar cualquier cambio de itinerario o alteración en el transcurso de la misma".
La subdelegada del Gobierno ha asegurado que la Policía Nacional actuó de forma "contundente e inmediata", desplegando un dispositivo policial de alrededor de 120 efectivos, "más de lo habitual, a fin de garantizar el orden público y debido a que se detectó esa posible alteración a través de las redes sociales de la manifestación prevista".
"NO SE PUEDE PROHIBIR LO QUE NO ESTÁ COMUNICADO"
Felisa Panadero ha aclarado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía usaron medidas "disuasorias" en el momento en que el grupo de jóvenes que se concentró de forma ilegal "empezó a arrojar objetos, botes y bengalas contra los propios agentes de la Policía". "Dichas medidas evitaron enfrentamientos y daños colaterales, tanto a los ciudadanos, como a los comercios aledaños. Resultado de estos hechos, un detenido que, en el día de ayer quedó en libertad con cargos", agrega.
La subdelegada ha incidido en que, en todo momento, la actuación de los agentes de la Policia fue "escrupulosa y permitió restablecer en el menor tiempo posible la normalidad en la vía, garantizando la actividad comercial y rutinaria de los ciudadanos".
Por último, ha recordado que el derecho de manifestación viene reconocido en la Constitución, y no necesita autorización previa, "tan sólo comunicación previa a la Autoridad Gubernativa para que pueda adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar su libre ejercicio y los derechos de los demás ciudadanos". Del mismo modo, ha aclarado que "no se puede prohibir una concentración que no está comunicada y que por tanto, a efectos administrativos, no existe". Por todo ello, ha pedido a todo aquel ciudadano o grupo de ciudadanos que quiera ejercer este derecho, lo comunique en tiempo y forma.
En este contexto, cabe recordar que el principal convocante de la manifestación del sábado era el sindicato Respuesta Estudiantil, que se define como una organización "patriota, apartidista y no subvencionada" y que había promovido una manifestación que partía desde la Plaza del Salvador a las 18,30 horas. Frente a esta manifestación, la Coordinadora Antifascista de Sevilla convocó otra en el mismo lugar, pero a las 17,30 horas, para protestar por la movilización protagonizada por el colectivo anterior y para "demostrar que la población sevillana no les quiere y para no permitir que vuelva el fascismo".
La coincidencia de ambas manifestaciones derivó en altercados que motivaron la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), siendo detenido uno de los miembros de la Coordinada Antifascista.
