El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en la causa por la venta "fraudulenta" de los terrenos de la lonja, ha pedido que le apliquen la norma más favorable, igual que hizo la juez Mercedes Alaya al archivar la causa respecto a los empresarios que concurrieron al concurso.
El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha recurrido directamente ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez instructora, Mercedes Alaya, de continuar la causa contra su cliente por un delito de prevaricación, al tener la consideración de funcionario público por ser Mercasevilla una empresa municipalizada.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Mellet pide que se le aplique el principio de la norma más favorable para el imputado, igual que hizo la juez el pasado 14 de octubre cuando archivó la causa respecto a seis empresarios inmobiliarios que concurrieron al concurso, entre ellos dos hermanos de la ministra Fátima Báñez.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Carrión afirma que "no queda claro cuales son los indicios para entender que existe el delito de prevaricación" por parte de Mellet y cuales son los indicios que diferencian su posición respecto a los empresarios, a los que se acusó de prevaricación como "extraneus" o sujeto externo.
En esta rama del caso Mercasevilla la juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga y en ella hay 24 imputados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
Según el recurso, la instructora "parte e la base errónea de que Mercasevilla forma parte de la Administración local o es una entidad local u organismo dependiente de ella" y cita en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Mellet "nunca ha actuado de tal forma que dictara una resolución contraria a derecho generadora de injusticia", pues "el ámbito de la jurisdicción penal no puede confundirse con la contencioso-administrativa".
En cuanto a los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones fiscales, el defensor mantiene que están prescritos pues la opción de compra de los terrenos se otorgó el 23 de febrero de 2006 y estas diligencias se abrieron el 27 de abril de 2009.
Para tales delitos, el plazo de prescripción es de tres años, mantiene el recurso.
Además, en cuanto al fraude y exacciones ilegales, razona que Mercasevilla "no es administración pública, ni se desarrolla defraudación a un ente público", sino que la lonja "es una entidad que se rige con voluntad independiente y no delegada por el Ayuntamiento" y el concurso, "no siendo necesario, no constituía una contratación pública en si, pues podría efectuarse por adjudicación directa".
