Un grupo de padres y madres del colegio San Patricio de la capital, donde cursa sus estudios el menor de seis años transexual, cuya familia ha pedido que se le permita ir a clase con el uniforme femenino, han presentado este martes una instancia en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía pidiendo una reunión con la delegada provincial, Patricia Alba.
Del mismo modo, han expresando su descontento por que la Administración regional no haya contado con su opinión para tomar una decisión, que han calificado de "arbitraria", respecto a las medidas a adoptar por el centro.
En el documento, avalado por más de un centenar de firmas, los padres y madres han explicado que han conocido por los medios de comunicación la decisión de la Junta de acceder a la petición de los padres del menor para que el colegio, perteneciente a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado de Málaga, le permita asistir a clase vistiendo el uniforme femenino, utilice el baño de las niñas y sea llamado por el nombre consensuado por la familia.
Así, este colectivo ha lamentado que para la toma de esta decisión "se haya oído solo a los padres del menor, y en ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias". Además, han denunciado que la forma en que se ha planteado el caso "por la vía del chantaje emocional, ya está siendo una influencia educativa negativa tanto para el niño como para el resto de alumnos".
"No se ha pensado en los posibles efectos que esta decisión, en nuestra opinión arbitraria, puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos del centro", han criticado.
Por ello, han exigido "que se paralice inmediatamente la recomendación hasta que sean escuchadas todas las partes en el conflicto y se hayan presentado los informes pertinentes". Es más, los firmantes han solicitado también a la Delegación de Educación que les presente los "informes psicológicos del alumno y de su familia que recomiendan proceder de la manera que la Administración exige".
Incluso, han advertido, se reservan su "derecho a emprender acciones legales contra los responsables de la Administración en caso de que la obligatoriedad de esta medida provoque cualquier tipo de problema en el desarrollo de los alumnos o en la normal convivencia del centro, en defensa de los derechos legítimos de nuestros hijos".
Este grupo de padres también ha pedido a la Delegación que no se utilice al menor ni al resto de los alumnos del centro como "conejillos de indias para experimentos de integración", en su opinión "no suficientemente avalados por informes médicos, psicológicos y judiciales".
"INTERÉS POR LLAMAR LA ATENCIÓN"
En la instancia dirigida a la Delegación de Educación, los padres y madres han insistido en que "desde los despachos de asociaciones y administraciones no se pueden tomar decisiones de este calado, porque no se conocen, como conocemos las familias del centro, las circunstancias que concurren en el problema".
"La insistencia de la familia en que el menor acuda con falda al centro, nos parece, más que una búsqueda de la integración y normalización, un interés por llamar la atención contrario a la convivencia", han declarado, "puesto que el uso del pantalón está socialmente aceptado como prenda tanto masculina como femenina y las niñas del centro acuden con normalidad al colegio con el pantalón del uniforme".
Así, han considerado que el hecho de que se acepten las peticiones de la familia "no podrá evitar que se les discrimine", por lo que han criticado que "esta aceptación no sería más que un gesto político de cara a la galería que no garantizaría necesariamente el bien del menor, nuestro primer interés".
"FEMINIZAR AL NIÑO"
Por otro lado, estos padres y madres han declarado que "aceptando la opción de los padres por feminizar al niño lo máximo posible podríamos estar apoyando implícitamente una actitud, en el futuro negativa para el menor de la que no queremos ser cómplices".
Del mismo modo, han dicho que se está tratando de hacer ver que estos casos son "muy frecuentes", cuando "la realidad es que son absolutamente excepcionales". "No conocemos ningún informe psicológico ni psiquiátrico que nos garantice que la normalización de una situación tan sumamente excepcional no vaya a afectar al correcto desarrollo y formación integral de los compañeros de clase, patio y centro en edades tan críticas", han finalizado.
