La Audiencia de Málaga ha condenado a un empresario acusado en una pieza separada del caso Malaya, contra la corrupción en Marbella, por un delito de cohecho, al haber aceptado entregar dinero a un exedil marbellí, ya fallecido. Esta sentencia se dicta después de que el procesado mostrara su conformidad con los hechos y la pena de seis meses de prisión y multa de 15.000 euros solicitada por las acusaciones.
Esta causa se tramita por el procedimiento de la Ley del Jurado y están acusadas otras siete personas, que sí serán juzgadas por un jurado popular al no haber conformidad. Entre ellas están los exconcejales Isabel García Marcos y José Jaén, para los que el fiscal solicita tres años de cárcel, multa de más de 120.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años, al acusarlos de los delitos de asesoramiento indebido y cohecho.
En la sentencia de conformidad dictada contra el empresario se señala que este industrial dedicado a la publicidad presentó en noviembre de 2005 una solicitud de autorización en el Ayuntamiento marbellí para la colocación en la vía pública de 50 instalaciones desmontables que por una parte mostraban un plano de la ciudad y por la otra un cartel publicitario, por un tiempo de cuatro años y con un canon de 7.200 euros anuales. Al no recibirse respuesta, el acusado fue a interesarse en el Ayuntamiento y le remitieron al entonces edil de Transportes Victoriano Rodríguez, que fue detenido y estuvo imputado en el caso Malaya, pero falleció antes del juicio. Ese concejal, según ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción, "exigió" al empresario el pago de 30.000 euros "a cambio de dar el visto bueno al expediente". El acusado "accedió a realizar este pago", puesto que ya había invertido en el proyecto, pero al comunicárselo al exedil, éste le contestó que "tendría que pagar el doble, lo que no fue aceptado por el empresario, que desechó el proyecto". Se apunta que el pago comprometido de los 30.000 euros "era para conseguir que la autoridad municipal autorizara la instalación de los postes de publicidad, evitando la posible concurrencia de otros".
Sentencia separada
La defensa del procesado ya mostró su conformidad a través de un escrito con los hechos que le atribuía el fiscal y la acusación particular, que representa al Ayuntamiento marbellí, e instó a que se celebrara un acto para ratificarla y que se dictara sentencia con carácter previo al juicio. Esta comparecencia tuvo lugar el pasado 26 de septiembre, de forma que las acusaciones reiteraron su acusación y el acusado y su defensa manifestaron su conformidad con la misma.
En la resolución dictada, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado que deberá enjuiciar este caso explica que, aunque los hechos están en una misma calificación, se refieren "a contenidos distintos, producidos en fechas diferentes y en su caso realizados por autores diferentes" y recuerda que la conducta de este acusado está vinculada "exclusivamente" a un concejal cuya responsabilidad penal está extinguida por fallecimiento.
Por esto, considera que se puede dictar esta sentencia de conformidad separada para el acusado que ha aceptado los hechos y las penas solicitadas y que eso "no afecta a la continencia de la causa". Se apunta, además, que ninguna de las partes personadas se ha opuesto a que se dicte la sentencia de forma separada para este procesado; mientras que para el resto de los acusados el caso continúa con los trámites correspondientes.
Continuación del caso
De hecho, esta causa continúa para otros siete personas por delitos de asesoramiento indebido y cohecho, ya sea pasivo o activo. Además de García Marcos y Jaén, están acusados sus respectivas parejas, en el caso del exedil su entonces mujer; y tres empresarios. Todos han mostrado hasta ahora su posición en contra de lo que sostienen las acusaciones. El juicio se celebrará con un jurado popular, previsiblemente, en febrero del próximo año.
Según mantienen las acusaciones, tanto García Marcos como Jaén, ambos tenientes de alcalde y miembros de la junta de gobierno local entre 2003 y 2006, "se concertaron entre sí con la idea de conseguir unos rendimientos económicos de terceros, prevaliéndose de la condición de autoridad municipal que ambos detentaban", según consta en el auto de hechos justiciables y sostiene la Fiscalía en su escrito inicial, a los que ha tenido acceso Europa Press.
"La trama ideada consistía en ofrecerse ante aquellos empresarios que se relacionasen con el Ayuntamiento y que estuviesen interesados en ello, para realizar una actividad de asesoramiento y de mediación, gestionando sus necesidades de cara a la concesión de sus pretensiones ante la corporación municipal, a cambio de una retribución económica", señala el ministerio público en sus conclusiones provisionales.
De esta forma, "garantizaban a sus clientes con su servicio de consultoría el éxito del proyecto", prestando asesoramiento en distintos temas como "la redacción de escritos dirigidos al Ayuntamiento y a otras administraciones", o "recabar información sobre la configuración urbanística", así como "rescatar concesiones administrativas, elaborar proyectos de construcción o participar en la venta de las parcelas o inmuebles".
Al ir esto en contra de la legislación, "la llevaba a cabo bajo la cobertura" de una empresa, en las que participaban sus respectivas parejas entonces. A través de dicha sociedad, supuestamente se prestó asesoramiento sobre unos terrenos donde uno de los acusados quería instalar una residencia geriátrica y sobre la instalación de paneles de publicidad.
