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La Policía detiene a 25 personas al destapar un supuesto fraude de un grupo textil para lograr ayudas públicas

Los agentes constataron 14 empresas de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona como cooperadoras necesarias en la modificación de facturas

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Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas que presuntamente llevó a cabo un grupo empresarial textil de Alicante, en una operación que partió de la denuncia de un extrabajador de la compañía y que ha permitido la detención de 25 personas, 24 de ellas en esta provincia y una más en Barcelona.

   Según ha informado la Policía en un comunicado, los investigadores han determinado que en un periodo de cinco años los implicados presuntamente obtuvieron, de forma indebida, un total de 486.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos en intereses. A los 25 arrestados se les considera presuntamente implicados en la falsificación de facturas con la finalidad de adaptarlas a los requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos para la adjudicación de las ayudas.

   La investigación se inició tras recibir la denuncia de un extrabajador de la empresa textil. El denunciante manifestó que durante el periodo de tiempo en el que formó parte de la mercantil, algo más de un año, tuvo conocimiento de la falsificación sistemática, organizada y continuada" de facturas para la obtención de subvenciones de forma indebida.

   Partiendo de esta denuncia, los agentes realizaron una serie de indagaciones para confirmar la veracidad de los hechos, en su mayoría, relativas a la solicitud y análisis de documentación del grupo empresarial denunciado y de sus proveedores. En base a esta información, el pasado mes de mayo se procedió al arresto de los dos máximos responsables de la empresa como presuntos responsables de un delito de fraude a subvenciones públicas, y se llevó a  cabo el registro de la sede social de la mercantil.

   Tras estas actuaciones se analizó la nueva documentación obtenida y los efectos intervenidos. Además, se solicitaron datos a los organismos públicos que pudieran haber otorgado subvenciones para determinar si hubo irregularidades en la concesión de las ayudas. Esta nueva información permitió a los agentes comprobar la existencia de facturas duplicadas con conceptos diferentes, "adaptadas a lo exigido en las diferentes convocatorias de subvenciones", según la Policía.

   También se pudo comprobar que habían falsificado documentos para la consecución de las ayudas. Durante la investigación, los agentes averiguaron que cuando la empresa tenía conocimiento de la convocatoria de una subvención pública, sus representantes mantenían una reunión con los responsables de una asociación empresarial textil, encargada de intermediar entre la mercantil y el ente público otorgante de la ayuda.

   Durante este encuentro, se trataban aspectos generales de la subvención, así como la forma de abordar la justificación de gastos.  Después, la asociación le enviaba un documento que detallaba la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los gastos y su concepto.

   Con toda esa información la empresa textil reunía la documentación necesaria --nóminas, estatutos, certificados, entre otros-- para solicitar la ayuda. Además extraía un listado de la contabilidad de la empresa del proveedor, la fecha deseada para la justificación de los gastos y seleccionaba las facturas necesarias para llegar al mínimo exigido en la subvención.

   Posteriormente, modificaban el concepto de las facturas, a través de la empresa proveedora, que alteraba el concepto de las facturas emitidas con anterioridad y las remitía de nuevo a la empresa textil.
Finalmente, la mercantil remitía las facturas modificadas y la documentación requerida al organismo público que le abonaba la subvención solicitada en su totalidad "al desconocer la irregularidad de dicha justificación".

14 EMPRESAS COOPERADORAS

   Además del grupo empresarial investigado, los agentes constataron un total de 14 empresas ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que presuntamente habrían sido cooperadoras necesarias de la actividad delictiva al modificar las facturas reales ya cobradas para adecuarlas al concepto solicitado.

   Tras el arresto de los principales responsables de la mercantil investigada, realizados el pasado mes de mayo, durante las fases siguientes de la operación han sido detenidas otras 23 personas más por su presunta implicación en la trama.

   La operación ha sido realizada por el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante, el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Jefatura Superior de Cataluña y el apoyo operativo de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Onteniente.

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