La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento respaldó ayer de modo mayoritario el convenio colectivo acordado previamente por el Gobierno local y los sindicatos mayoritarios, CGT y SIP. La asamblea se celebró en el pabellón Ruiz-Mateos, acudiendo a la misma “unos 700” trabajadores, según la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo. Se votó con papeletas, a mano alzada, siendo “aplastante” el apoyo al documento.
El convenio permitirá que los trabajadores con salarios inferiores -que sufrieron un recorte notable con la entrada en vigor de la RPT- se garanticen un sueldo de 25.000 euros anuales, cumpliéndose de este modo el compromiso adquirido por el Gobierno local.
La intención es que la Junta de Gobierno apruebe el convenio este mismo viernes, de modo que los empleados de los grupos de menor graduación puedan recuperar a partir de la próxima nómina las cantidades que han dejado de percibir en estos últimos meses. Calvillo se mostró satisfecha con el respaldo obtenido en la asamblea, felicitándose por el hecho de que los trabajadores votaran “con mucha alegría” un documento que incluye “mejoras sociales” a pesar de la adversa coyuntura económica.
Eso no significa que sea un buen convenio, pero al menos “no es el del todo malo”. “Esperemos que cuando se negocie el próximo el contexto sea mejor y se puedan negociar otras cosas”, apostilló.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Técnicos Municipales (ATMJ), Milagros Abascal, confirmó la intención de este colectivo de impugnar el convenio a través de las vías laboral y contenciosa.
En este sentido, advirtió a los trabajadores de salarios inferiores de que “no se gasten el dinero” que van a percibir para incrementar sus nóminas, toda vez que en caso de que los juzgados declarasen nulo el acuerdo deberían “devolverlo”.
Calvillo emplazó a la ATMJ a adoptar las medidas que estime oportunas, pero siempre partiendo de la base de que “la plantilla está muy cabreada” con este colectivo, que se llevó “un gran abucheo” de la asamblea. CGT lamentó por último que la ATMJ trate de defender el mantenimiento de los “privilegios” de los altos cargos.
