El grupo del PSOE en la Diputación de Almería ha advertido de que en distintos municipios "se están produciendo irregularidades" en las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que "podrían conllevar graves problemas" tanto para los Ayuntamientos como para los propios trabajadores contratados a través de este plan".
Los diputados socialistas han asegurado que en determinados municipios "los jornaleros están realizando trabajos que no están incluidos en los proyectos oficiales e incluso estarían acometiendo tareas de mantenimiento en espacios privados", según han trasladado en una nota.
Además, han afirmado que han descubierto "tardanzas injustificadas" en la firma de los contratos con los trabajadores y "fuertes descompensaciones" en el reparto de los jornales, de manera que existen jornaleros que han trabajado 90 días "mientras otros sólo han trabajado 20".
La portavoz socialista en la Diputación, Esperanza Pérez, ha alertado del "gravísimo problema" que podría suponer que un jornalero tuviera un accidente mientras trabaja en una obra "no autorizada", o la "difícil situación en la que quedaría un ayuntamiento que tuviera que devolver la subvención que ya ha recibido".
A preguntas de los periodistas, Pérez ha especificado que "son varios" los municipios en los que "se estarían produciendo irregularidades" aunque "de momento" sólo "han podido comprobarlo personalmente en los casos de Fines y Uleila del Campo". "No estamos ante una cuestión de colores políticos", ya que "quien tiene la responsabilidad de que esto ocurra es el equipo de gobierno de la Diputación", ha asegurado Pérez.
En esta línea, Pérez ha incidido en que el Plan de Fomento del Empleo Agrario se nutre de fondos del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Provincial de Almería, en distintas proporciones, aunque "es la institución provincial la encargada de prestar asistencia técnica a los municipios, redactar los proyectos, asesorar a los ayuntamientos, supervisar los trabajos y garantizar la seguridad y la salud laboral, unas funciones para las que se queda con el ocho por ciento del dinero que correspondería a los ayuntamientos".
Pérez ha recordado que "los alcaldes, en la mayoría de las ocasiones, no cobran por su trabajo y seguramente no saben muy bien qué pueden hacer y qué no", pero "en la Diputación Provincial, el diputado responsable y el presidente, Gabriel Amat, sí que perciben un sueldo para que estén pendientes de estas cosas".
En este sentido, ha lamentado que el diputado de Empleo "esté más pendiente de reunirse con representantes de las Diputaciones de Málaga y de Cádiz, que de controlar y supervisar lo que está ocurriendo en nuestra provincia", y le ha señalado de que "su función es evitar que ocurran problemas, y no esperar a que ocurra cualquier desgracia para buscar un culpable".
