Eincremento del complemento específico (parte de la nómina) a la Policía Local y Bomberos puede tener sus consecuencias. Es lo que piensa el Grupo Municipal Socialista, ya que solicitará en el pleno de mañana que el punto se quede sobre la mesa y en el caso de no ser así, que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya y el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, renuncien a su condición de aforados. Además solicitarán que el voto se haga de forma individual y no por grupos políticos, algo que no prosperará por la mayoría absoluta del PP.
El motivo de estas peticiones, según indicó ayer la concejal socialista, Matilde Cruz, que compareció junto a su compañero de bancada José Manuel Colmenero y su portavoz, María del Mar Shaw, es que la subida “es ilegal y nula de pleno derecho” y que quienes voten a favor podrían incurrir en “un presunto delito de prevaricación”, algo que no afectaría al alcalde y al concejal de Hacienda por su condición de aforados como senador y parlamentario andaluz, respectivamente.
El desencadenante de toda esta situación es el informe del secretario general del Ayuntamiento de Jaén, cuya función es la de ejercer un control de legalidad de la gestión administrativa y, en particular, de los fondos públicos. De este modo el secretario afirma que en el expediente que mañana se debatirá “no consta el informe del jefe de la dependencia a la que corresponde tramitarl (Área de Recursos Humanos), tal y como recoge el artítulo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). En segundo lugar, hace referencia a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en la que no se permitían variaciones en las retribuciones del personal al servicio del sector público sin justificar su carácter singular y excepcional. “No se acredita el carácter singular y excepcional”, dice el secretario general del Ayuntamiento. En tercer lugar, señala que se aprecia una “insuficiente motivación en la valoración de los puestos de trabajo” tal y como recoge el Real Decreto 861/1986 de 25 de abril. “El objetivo y finalidad que parece perseguirse es la consolidación en el complemento específico (como retribución fija y periódica) de otra retribución complementaria (gratificación de servicios extraordinarios fuera de la jornada ordinaria de trabajo) que, por el contrario, no son fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y, en consecuencia, inciertas e indeterminadas en su cuantía, desnaturalizándose y desvirtuándose el verdadero carácter y la naturaleza jurídica de ambos conceptos retributivos”. A continuación, en cuarto lugar, sostiene que la modificación generalizada de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) debería circunscribirse a la Policía Local y Bomberos, algo que ya anunció el pasado lunes el concejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita, que así sería.
Por último, como quiera que el informe-propuesta está firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, junto al jefe de Policía Local y de Bomberos, el secretario apunta a la posible “concurrencia de los motivos y de las causas de abstención en el procedimiento” según el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, dada su condición y pertenencia al Cuerpo de la Policía Local en situación administrativa de servicios especiales.
Alcalde
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, compareció en rueda de prensa para mostrar su desacuerdo con el informe del secretario. Sin facilitar a los medios de comunicación dicho informe, lo leyó parcialmente y apostilló sus argumentaciones. En referencia al primer punto, en el que se requería un informe del jefe del área competente, el alcalde aseguró que el secretario erraba, ya que apuntaba al área de Recursos Humanos cuando actualmente se denomina de Régimen Interior y Servicios al Ciudadano. Además, recriminó que no aludiera su informe al elaborado por el jefe de la Asesoría Jurídica de Personal y firmado también por el jefe de sección del área de Personal, algo que no es así, ya que a lo primero que alude el secretario es a dicho informe, fechado el 19 de marzo de 2013, que además, se pronuncia en la misma línea que el secretario. Respecto al jefe de Personal, el alcalde, citó al titular, Antonio Calet, aludiendo a su filiación sindical como dirigente de UGT. Sin embargo, obvió que fue el PP, en el mandato municipal de 2004-2007, quien lo puso en el cargo, siendo Fernández de Moya presidente del PP y, por ende, presidente del Grupo Municipal Popular.
En relación a que no quedaba acreditado el carácter singular que motive el incremento del complemento específico de Policía Local y Bomberos, el alcalde pasó por alto la Ley Presupuestos del Estado de 2013, realizada por su partido en el Gobierno central y se limitó a referirse al Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local según el Real Decreto de 1986.
Sobre la falta de motivación apuntada por el secretario discrepó también y alegó que había sido negociada con todos los sindicatos, pero no rebatió que el acuerdo “desvirtúe la naturaleza jurídica” de los conceptos retributivos que cambiarán (pasar las horas extraordinarias al complemento específico). Sobre la RPT Fernández de Moya recordó que sólo llevarán la modificación parcial de los 256 agentes de policía y bomberos y aludió a procesos tanto de la Junta de Andalucía como de otros ayuntamientos, como el de Cuenca, en los que se abordaron modificaciones similares según el alcalde. Por último, defendió la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana en su condición de político y no de policía local, que es lo que dijo que es ahora, si bien, una vez que finalize su etapa política volverá a incorporarse a su puesto, beneficiándose de la subida propuesta por él mientras era concejal.
UGT
Fernández de Moya no quiso desaprovechar la osación para atacar al sindicato UGT. “Siento vergüenza de la actitud de la UGT” y aludió al representante de la sección sindical del sindicato en el Ayuntamiento, Alfonso Maza, reprochando las declaraciones realizadas en los últimos días y recordando que en 2007 firmó con el PSOE e IU, la bajada de 120 horas extraordinarias a 80 horas manteniendo la retribución de 4.000 euros anuales por agente.
