Las diputadas nacionales de PSOE por Almería, Consuelo Rumí y Gracia Fernández, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno "clarifique" la posición que está manteniendo en las negociaciones que se están produciendo en la Unión Europea para el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC) y qué "consideración" tendrá la horticultura bajo plástico.
Según ha mantenido el PSOE en una nota de prensa, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, no está defendiendo "con suficiente firmeza" los intereses de la agricultura almeriense en particular, y española en general, en estas negociaciones, en las que se baraja un recorte presupuestario generalizado que "podría tener serias consecuencias para uno de los principales sectores económicos de la provincia de Almería".
Las socialistas también se han interesado por la situación en la que quedan otro tipo de explotaciones que también están presentes en la provincia, como son las del caprino de leche, "dado que la reforma agraria, según está planteada, supone un enorme perjuicio para las explotaciones de poca superficie territorial". En este punto, le han pedido al Gobierno que aclare "qué medidas tiene pensado poner en marcha el Ministerio de Agricultura para atender a este tipo de explotaciones".
Junto a estas preguntas, las diputadas almerienses también han preguntado al Gobierno "qué criterio tiene para favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria".
Asimismo, Rumí y Gracia han llamado la atención sobre el hecho de que, durante el proceso negociador de la PAC, la definición de agricultor activo "está quedando muy descafeinada", por lo que preguntan al Gobierno "qué considera el ministro que es un agricultor en activo" y "si en las decisiones que tome cada Estado, España es proclive o no a establecer esta figura para distribuir las ayudas de la PAC de una manera diferente a la actual".
Por otra parte, han fijado su atención en la propuesta del Parlamento Europeo de establecer un techo de ayudas que estaría fijado en 300.000 euros. Sobre esta cuestión, Fernández y Rumí han preguntado al Ministerio si apoya este límite o lo cree excesivo, y, en el primero de los casos, "qué medidas se van a tomar para evitar la fragmentación de las explotaciones que actualmente cobran más de 300.000 euros".
Las diputadas socialistas también se han interesado por el concepto de 'greening', introducido en el nuevo periodo de ayudas, y han señalado que "en estos momentos los cultivos permanentes están en serio peligro para poder cobrar esa ayuda", por lo que han preguntado "si será necesario modificar los actuales sistemas de producción en este tipo de cultivos para poder acceder a estas ayudas, que pueden alcanzar el 30 por ciento del techo nacional".
Finalmente, en la última de las preguntas registradas, mantienen que "parece que hay consenso en la idea de acotar el número de hectáreas admisibles al nuevo régimen de pago básico, y para ello y según los avances que se han producido tanto en el Consejo de Ministros como en el Parlamento Europeo, se deja la opción de utilizar el año 2011 como referencia".
A pesar de ello, "esto supondría llegar hasta los 22,4 millones de derechos", lo que supondría "un trasvase de dinero, con respecto a la situación actual, así como la utilización, en gran medida, de pastos que actualmente no se tienen ningún aprovechamiento ganadero". Por ello, las diputadas han preguntado al Gobierno "si tiene previsto regular de manera concreta el concepto de actividad mínima y establecer algún tipo de criterio de aprovechamiento, tanto para las tierras agrícolas como las ganaderas" y si, en el caso de los pastos, " puede ser buena idea ligar el concepto de hectárea admisible o actividad mínima, a la existencia de carga ganadera".
