El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Consejería de Fomento y Vivienda han alcanzado, finalmente, un acuerdo para la restitución del tráfico de autobuses públicos, ciclistas y peatones en el puente de la Señorita, que conecta Camas con la isla de la Cartuja. El Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla había prescindido de esta plataforma de transporte colectivo propiedad de ADIF, al no mediar un acuerdo para que el puente siguiese albergando el tránsito de los autobuses metropolitanos y las bicicletas, pero finalmente ambas partes han alcanzado un acuerdo.
Como habían informado a Europa Press fuentes de ADIF y confirma un comunicado oficial de esta institución, el acuerdo alcanzada entre las partes consiste en una "concesión administrativa" gracias a la cual ADIF cede a la Consejería de Fomento y Vivienda el uso del puente, que antaño albergaba la línea ferroviaria Sevilla-Huelva. A cambio, la Administración autonómica "se compromete a realizar las obras de acondicionamiento necesarias para el uso previsto, asumiendo su conservación y mantenimiento". El acuerdo, ya formalizado, permite la restitución del tráfico de autobuses metropolitanos, ciclistas y peatones en el puente de forma "inminente".
El pasado 11 de marzo, los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes dejaron de utilizar la plataforma reservada para el transporte público habilitada sobre el antiguo puente de la línea ferroviaria Sevilla-Huelva, que salva el cauce vivo del Guadalquivir y conecta la ciudad hispalense y el municipio aljarafeño de Camas. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), titular de esta infraestructura conocida popularmente como el puente 'de la Señorita', procedió a continuación a su cierre.
La decisión del Consorcio Metropolitano de Transportes surgía después de que, en 2010, expirase el contrato de arrendamiento gracias al cual los autobuses metropolitanos han utilizado este puente. Mientras este contrato estipulaba un alquiler anual de 30.000 euros con destino a ADIF, mediaba en el conflicto una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número diez que condena al Consorcio Metropolitano de Transportes a abonar a ADIF más de 60.000 euros por el impago de anualidades, pues dicho organismo estatal consideraba que el contrato de alquiler estaba prorrogado tras haber finalizado su vigor pero seguir el puente a disposición del Consorcio.
