La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que ahora "toca" reorganizar de la Administración del Estado para hacerla "sostenible", "más operativa" y ofrecer una "mejor gestión". En este punto, ha confirmado que la reforma de la Administración Local que ultima el Ejecutivo, con la que se prevé ahorrar alrededor de 3.500 millones, mantendrá las diputaciones y suprimirá muchas mancomunidades.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha defendido la labor de las diputaciones provinciales argumentando que en comunidades autónomas con muchas provincias como Castilla y León es "muy importante ese escalón provincial" para garantizar los servicios públicos en pequeños municipios "condiciones de igualdad".
"Las provincias no tienen que tener tanto ese perfil político que tienen ahora como un perfil de gestión", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que trabajarán en "la eliminación de una serie de entidades, como la mancomunidades" que hay "miles" en España y suponen "mucho dinero y gasto en aparato político y burocrático".
Al ser preguntada qué ahorro supondrá para el Estado esa reforma local, la portavoz del Ejecutivo ha admitido que no se puede dar una cifra definitiva hasta que no se apruebe en el Consejo de Ministros pero ha admitido que ya hay cálculos que apuntan a que el ahorro puede ascender a unos 3.500 millones.
Sáenz de Santamaría ha avanzando que esta semana pasarán por la Comisión de Reformas del Gobierno la reforma de la Administración Local -que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del 25 de enero- y la Ley de Unidad de Mercado, que pretende ayudar al emprendedor y evitar que "en cada sitio" le pidan "un papel distinto". "Pero no se trata de centralizar", ha subrayado.
ALQUILERES DEL ESTADO
Sáenz de Santamaría ha insistido en que hay que seguir trabajando en la simplificación de la Administración para ofrecer una "mejor gestión" en todos los ámbitos. En este punto, ha puesto como ejemplo el dinero que se pagaba en alquileres y ha recalcado que ya se ha ahorrado 35 millones de euros en un año optando por utilizar los edificios que son propiedad del Estado.
"Eso hay que hacerlo en contratos, en compras, en gastos de protocolo, en organización de servicios informáticos. Hay que centralizar mucho. Y entre administraciones lo que no puede ser es que tres hagan lo mismo y tripliquen el dinero", ha subrayado la vicepresidenta.
Al ser preguntada si el Gobierno va a prorrogar o no la ayuda de los 400 euros a los parados de larga duración, la portavoz del Gobierno ha admitido que aún no se ha tomado una decisión y ha explicado que antes de hacerlo hay un "proceso de evaluación". "Como hicimos en agosto, se evalúa y se toma la decisión en febrero, que es la fecha en la que cumple el plazo", ha manifestado, para añadir que en este asunto "la coherencia es lo más importante".
