La comisión ejecutiva del PSC ha aprobado una propuesta de resolución en el Parlament donde se establece la posibilidad de que mediante una consulta o un referéndum legal "los catalanes puedan pronunciarse sobre cuál debe ser el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España".
Esta propuesta de resolución se debatirá el próximo miércoles 23 en el primer pleno ordinario del Parlament de esta X legislatura, donde CiU y ERC prevén aprobar una Declaración de Soberanía a favor de la autodeterminación, que quieren negociar durante los próximos días con el resto de fuerzas favorables al derecho a decidir: socialistas catalanes, ICV-EUiA y CUP.
El PSC rechaza el borrador que CiU y ERC han acordado, formaciones que modificarán su propuesta y han anunciado que habrá gestos para lograr que cuente con el aval de otros partidos.
Mientras, el PSC ha presentado su propia propuesta de resolución, en la que argumenta que es necesario que desde el Parlament se impulse "un proceso negociador para hacer posible que los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de las relaciones entre Cataluña y España".
"Este proceso negociador debe perseguir un gran acuerdo que haga compatible el principio democrático con el principio de legalidad", por tanto, que haya una consulta o referéndum sobre este tema que sea legal, autorizada por el Estado, cumpliendo así con lo establecido en la Constitución.
Este proceso de cambio en las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado mediante una reforma legal y que permita a los catalanes ejercer el derecho a decidir debe cerrarse en el plazo de dos años, y los grupos parlamentarios deben estar informados por parte del Govern, asegura el texto socialista.
"EXAGERADO DÉFICIT FISCAL"
El PSC indica que sus reivindicaciones son consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que en junio de 2010 recortó parte significativa del Estatut que aprobaron los catalanes en referéndum en junio de 2006.
También aseguran que el sistema de financiación vigente, acordado en 2009 entre el Gobierno y la Generalitat presidida por el socialista José Montilla y que "pretendía parar el creciente malestar fiscal catalán, ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del principio de ordinalidad", o sea, que las comunidades ocupen la misma oposición en términos de riqueza por habitante antes y después de la solidaridad interterritorial.
A ello, hay que sumar "la percepción de un exagerado déficit fiscal que se ha visto agravado con motivo de la crisis económica", según argumenta el articulado del texto socialista.
Aunque el PSC cree que con la actual Constitución se podría dar cobertura legal a una consulta de autodeterminación --siempre autorizada por el Gobierno--, el partido aprovecha su texto para reivindicar su propuesta de reforma de la Ley Fundamental.
Reclaman redefinir las nuevas competencias, alcanzar un pacto fiscal 'federal' que permita a "la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos de carácter general" por parte de una hacienda propia consorciada con la Agencia Tributaria estatal.
Reivindican también la reforma del Senado y que la nueva Constitución ampare la inmersión lingüística en el sistema educativo e incorpore "el reconocimiento explícito y la garantía del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado".
