UGT pide 52 años de cárcel para diez de los doce imputados por el derrumbe de la A-7

El sindicato UGT, personado como acusación particular en la causa por el accidente laboral de la A-7, ha solicitado un total de 52 años y medio de cárcel para diez de los doce imputados por la juez en este suceso que costó la vida en 2005 a seis obreros que trabajaban en la autovía a su paso por Almuñécar. 


En su escrito de acusación, presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar, el sindicato sostiene que los acusados pudieron cometer en total seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, informó ayer en rueda de prensa el secretario provincial del área de Construcción de la UGT, Francisco Ruiz Ruano. 


Por todos ellos reclama un total de 45 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 146.000 euros de multa para todos ellos. 


Los dos imputados por la juez que UGT no incluye en su escrito de acusación son Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, y Pablo Jiménez Barreda, ingeniero director el Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay de la A-7. 


UGT "considera que la responsabilidad de estas dos personas no era la de velar por la seguridad, sino que eran simples funcionarios responsables de determinadas áreas de producción del viaducto", señaló Ruiz Ruano, quien destacó que ellos "no tenían por qué comprobar, vigilar ni incluso elaborar normas de seguridad, como sí los otros diez". 


El sindicato incide además en la "circunstancia relevante" de que antes del accidente se produjera un fallo eléctrico en el sistema de desplazamiento de la autocimbra ya que, aunque en el manual de instrucciones se establecía el desalojo inmediato en esas circunstancias para que sólo permanecieran en la estructura personal especializado, éste no se llevó a cabo y, media hora más tarde, tuvo lugar el desplome. "Aunque ello no constituyera la causa del accidente, sí que de haberse llevado a cabo el desalojo las consecuencias del accidente hubieran sido mucho menores", apunta UGT. 


El responsable sindical reclamó la "apertura urgente" de la vista oral con los objetivos de "depurar responsabilidades y hacer justicia, conocer exactamente las causas del siniestro, así como tomar las medidas preventivas necesarias para que no se vuelva a repetir este suceso". 


UGT ya anunció que se opondrá a cualquier recurso que presenten las defensas y que pudieran conllevar retrasos en la resolución del caso. 


Seis trabajadores -cinco portugueses y un español- fallecieron en noviembre de 2005 al desplomarse la cimbra utilizada en la construcción del viaducto sobre el Río Verde, a su paso por Almuñécar.