La Audiencia Provincial de Huelva ha admitido la petición de la defensa de Genaro Ramallo, acusado de la muerte en 1993 de su mujer, M.C.E., y su hijo en una finca de su propiedad en Almonaster la Real (Huelva), de realizar un nuevo análisis sobre los restos óseos hallados en dicha finca.
Los jueces admiten así el recurso de reforma presentado por la defensa de Ramallo contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Aracena (Huelva), que lleva el caso y rechazó en su día la petición por entender que redundaría en un trabajo que considera que "ya está hecho".
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia entiende que conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal esta parte puede solicitar la realización de esta pericial contradictoria y por ello da el visto bueno para realizarla, indicando que sea "lo antes posible".
La defensa propone que esta prueba la realice la catedrática de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría de la Universidad de Granada, María Castellano.
Su objetivo es revisar el trabajo realizado en su día por la Policía Científica al objeto de ver si se puede dar respuestas a una serie de preguntas como si hay rastros de ADN, el día y la hora a la que fallecieron estas personas, si los cadáveres fueron trasladados o si su decapitación se llevó a cabo antes o después de su muerte, entre otras.
El abogado de la acusación particular, Mariano de Alba, considera, según ha indicado a Efe, que la Audiencia ha actuado "con buen criterio" aceptando una pericial que la Ley reconoce si bien entiende que "no aclara estos aspectos", y ha recordado que hay una carta manuscrita por Ramallo en la que reconoce que los encontró muertos allí, que eran ellos y que los enterró.
Ramallo, de 62 años y propietario de una academia de clases particulares de matemáticas en Huelva, fue detenido en Toulouse (Francia) días después de que fuesen encontrados los dos cadáveres y está en prisión desde el 21 de octubre del 2011, después de que el juez le imputara dos delitos de asesinato.
La localización de los cuerpos permitió reabrir la investigación del caso de la desaparición de M.C.E. y de su hijo de 5 años, denunciada por el padre y la hermana de la víctima en 1994
