En total, según ha informado a Europa Press el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez, en estos momentos hay incoadas un total de 39 denuncias, por lo que tras la revisión de las diez primeras --seis con posibles indicios y cuatro archivadas--, quedarían 29 que serán revisadas en las próximas semanas, a medida que va llegando información por parte de la Policía Nacional que está investigando los casos.
Estas seis denuncias se han remitido al Juzgado Decano con el fin de que éste "tome una decisión al respecto, es decir les asigne un juzgado si decide seguir adelante con la práctica de diligencias o archive el asunto en caso contrario".
En estos casos, según ha informado Jiménez, es "significativo que muchos de ellos pueden indicar la posible comisión de un delito porque hay detalles extraños" y es en ese caso cuando son remitidas al juez decano.
Por el momento, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal pensando en la posible comisión de un delito con las demás denuncias y las ha remitido a la Policía Nacional para que investigue, pero aún no se conoce ningún resultado de esta investigación, aunque la Policía Nacional sigue investigando los casos.
Del mismo modo, desde la Fiscalía señalan que con los datos que actualmente se encuentran reflejados en las 39 denuncias incoadas por los casos de los bebés supuestamente robados "no se puede afirmar ni desmentir que haya una trama porque estos hechos ocurrieron en fechas muy diferentes, desde los años 60 hasta casi los 80", no obstante indican que "algunas denuncias muestran que algo raro pudo haber ocurrido".
Cabe recordar que en una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de julio, el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez, señaló que habría que ver si se puede acreditar quien sería el autor, que en muchos casos incluso habrá muerto, y dependiendo de qué delito sea, ver si ha prescrito o no, porque hay denuncias desde el año 69 y con tanto tiempo podría entenderse que hubiera prescrito salvo que se califique de alguna forma, que es lo que pretende la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir), algo que no ve "descabellado, porque el delito se sigue cometiendo si realmente ha habido sustracción de algún bebé".
El fiscal ha recibido a los afectados, los cuales alegan que "desde el Hospital Juan Ramón Jiménez no les pueden ofrecer datos de los historiales". No obstante, insistió Jiménez, la Fiscalía está pendiente de recibir la información de la Policía y dependiendo de los resultados de la investigación, "se les podrá autorizar para que puedan reclamar expedientes, si existen, o certificaciones de defunción u otros documentos".
DETENCIÓN ILEGAL O FALSEDAD DOCUMENTAL
Preguntado por el tipo de delito en los que podrían tipificarse estos hechos, Jesús Jiménez precisó que si estos hechos se precisaran, podría tratarse de un delito de detención ilegal, "aunque tendría que discutirse mucho", o de un delito de falsedad de documentación "si se alteró alguna certificación".
En el caso de que se comprobara que un bebé ha sido robado al nacer por los bancos de ADN, el fiscal señaló que "no habría indemnización económica, ya que hay posibilidades de indemnización cuando de tratan de víctimas de delito violento, pero esto en principio no se puede considerar violento".
"NO HAY DOS CASOS IGUALES"
Jesús Jiménez dejó claro que "no hay dos casos iguales, cada uno tiene su particularidad. Son personas extraordinarias, fabulosas y todos vienen con la idea de querer saber lo que pasó y la mayoría se quedan ahí porque ya no se imaginan más".
Por último, el fiscal incidió en que todas las denuncias están basadas en sospechas de que "cuando dieron a luz, le comentaron que al poco tiempo el niño había muerto y piensan que esto no fue verdad", a lo que ha añadido que no hay ninguna denuncia sobre personas que sospechen que ellos mismos fueron robados al nacer.