Así lo acuerda el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid en una providencia fechada el pasado 27 de mayo en la que les advierte de que deberán comparecer "con asistencia letrada de su elección" y de que, si para entonces no han designado abogado, se les asignará uno de oficio.
El magistrado señala asimismo en su resolución que si el Juzgado bis que debe reforzar el suyo entra en breve en funcionamiento, las declaraciones se adelantarían respecto de la fecha señalada.
La Fiscalía de Madrid -que poco después del cierre del espacio aéreo inició una investigación por un posible delito de sedición castigado con hasta 8 años de prisión- había solicitado el pasado mes de febrero al juez que citara como imputados a los controladores, que previamente se habían acogido a su derecho a no declarar cuando fueron citados por el Ministerio Público.
Los controladores citados, destinados en los centros de Barajas y de Torrejón de Ardoz, serán los primeros que comparezcan en Madrid en calidad de imputados ante un juez, aunque en otros lugares ya se ha tomado declaración a varios de ellos en esta misma condición.
Así, este pasado mes de mayo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca ha interrogado a varios de ellos por lo sucedido el 3 de diciembre de 2010, cuando doce de los diecisiete controladores del turno de tarde del aeropuerto de esa ciudad presentaron una declaración de incapacidad psicofísica que motivó el cierre del espacio aéreo de Baleares.
Por otra parte, la Agrupación de Demandantes representada por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que solicita una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los 8.000 afectados a los que reúne, ha recordado hoy que el plazo para reclamar concluye el próximo 3 de diciembre.
PIDEN INDEMNIZACIONES
La Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo ultima una reclamación administrativa contra AENA en la que pedirá a este organismo unos 80 millones de euros en concepto de daño moral para las alrededor de 8.000 personas afectadas por el plante de los controladores el pasado diciembre.
Luis Vericat, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a los afectados, ha explicado hoy a los periodistas que están acabando de perfilar esta reclamación contra AENA, al entender que tanto la compañía pública como los controladores "son corresponsables de la situación que se vivió los días 3 y 4 de diciembre".
Esos días, debido a un absentismo masivo de los controladores de sus puestos de trabajo que las acusaciones atribuyen a una huelga encubierta, se cerró el espacio aéreo de España, clausura que afectó, según Vericat, a unas 600.000 personas.
Su despacho representa a 8.000 de ellas (400 de Baleares) y ha iniciado ya el cauce penal contra los controladores en varias ciudades de España, entre ellas Palma, donde tres controladores han declarado hoy como imputados en el Juzgado de Instrucción número 1.
Además de esta vía penal, la agrupación pretende inicial la administrativa contra AENA con la citada reclamación, en la que pedirán 10.000 euros de indemnización en concepto de daño moral para cada uno de los 8.000 afectados (unos 80 millones de euros en total).
En esta reclamación, que de desestimarla la empresa abriría la posibilidad de una demanda ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, también pedirán otra cantidad en daños materiales para los afectados, que variará en función a la persona y que engloba, por ejemplo, gastos de hoteles y taxis.
Vericat ha indicado que espera interponer esta reclamación en junio o julio, aunque ha advertido que podría ser más tarde, dado que cada día nuevos perjudicados llaman a su despacho pidiendo adherirse a la misma.