La Junta de Andalucía ha explicado los motivos que le han llevado a proceder al derribo de una vivienda ubicada en la Ribera de la Oliva en Barbate, sobre la cual pesaba una sentencia judicial.
La actuación de la Junta de Andalucía responde a criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales, y la proximidad a las Marismas de BarbateLa Junta de Andalucía explica que se trata de “una edificación ilegal que se encuentra en una parcelación urbanística situada en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, a escasos 500 metros adyacentes a la ribera del mar”.
Al respecto, “se trata de una parcelación con 71 lotes, subdividido en varias parcelas catastrales afectadas. En todos los lotes se han abierto expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial”.
La actuación de la Junta de Andalucía responde “a criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales, y la proximidad a las Marismas de Barbate” y es que “todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido”.
La edificación en cuestión “fue precintada por el personal Inspector de la Junta cuando estaba en construcción, habiendo sido roto el precinto y continuadas las obras de edificación. La edificación se encuentra terminada y sirve de segunda residencia a sus propietarios, los cuales se encuentran empadronados en otro domicilio de Barbate”.
Para llevar a cabo la demolición se cuenta con “autorización judicial desde febrero, confirmada posteriormente tras no prosperar el recurso presentado por el abogado de la familia”.
Al respecto, “la autoridad judicial rechazó paralizar la demolición tras acreditar tanto la Policía Local como los Servicios Sociales del Ayuntamiento que los propietarios de la edificación residen realmente en otro domicilio”.
La actuación se enmarca en el Protocolo de Colaboración firmado en 2021 por la Junta de Andalucía con los ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. La primera actuación de la Inspección en la Ribera de la Oliva se produjo meses después, en diciembre de 2021, en la que se precintaron estos 71 lotes en los que se estaban construyendo edificaciones con un claro destino residencial y vacacional”.
“Las decenas de propietarios fueron citados a pie de parcela a distintas horas del día, siendo informados de la orden de suspensión y precinto de las obras, y de la imposibilidad de continuarlas”, pero “desde entonces se han realizado diez visitas a la zona, comprobándose en todas las ocasiones que los precintos del personal Inspector eran sucesivamente rotos y las obras continuaban haciendo caso omiso a las advertencias”.
De los expedientes sancionadores abiertos se ha puesto en conocimiento a la Fiscalía Provincial de Cádiz y existe plena coordinación con el Ministerio Fiscal.
La Consejería de Fomento insiste en que “construir ilegalmente en suelo rústico, además de una infracción territorial y urbanística, puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, castigado en el Código Penal”.
