El texto, sobre el que aún tiene que pronunciarse el Constitucional tras el recurso anunciado por el Partido Socialista, recibió 336 votos a favor de conservadores y centristas, y 233 en contra de la oposición de izquierdas.
El polémico proyecto, que ha provocado numerosas protestas y manifestaciones en el país, entrará en vigor a mediados del próximo mes de noviembre y supondrá el fin de la edad mínima legal de jubilación en Francia a los 60 años, que se retrasará a los 62 años de edad.
La aprobación de esta ley, uno de los principales objetivos del mandato de Sarkozy, se produce un día antes de la enésima jornada de huelga general convocada por los sindicatos.
El texto, uno de los más controvertidos de la V República francesa, acabó con un maratón parlamentario, en la Asamblea Nacional y en el Senado, que estuvo acompañado de un rosario de jornadas de movilización sindicales y de multitud de paros en sectores estratégicos, como los trenes y bloqueos de las refinerías.
El texto deberá ahora superar dos últimos trámites, el anunciado recurso de los socialistas ante el Constitucional, su último intento de retrasar la ley, y la firma definitiva de Sarkozy, lo que podría ocurrir a mediados de noviembre.
Con esta iniciativa, el presidente francés tiene una reforma que consideró como la principal de su mandato y que retrasa la edad mínima legal de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para cobrar la pensión íntegra si no se ha cotizado los años necesarios.
El cambio, muy impopular en el país, según las encuestas, entrará en vigor de forma progresiva y no estará plenamente establecido hasta 2018.
El Gobierno considera que con este cambio garantiza el sistema de pensiones, tal y como han hecho otros países de su entorno.
La oposición, por su parte, apuesta por otras fórmulas mientras que los sindicatos denuncian una reforma que consideran "injusta" y que se ha adoptado sin diálogo social.
Por ello convocaron para este jueves la undécima jornada de protesta desde que en marzo pasado trasladaron a la calle su descontento con el proyecto de ley.
Los sindicatos, que aseguran que unos 3,5 millones de personas participaron en las últimas manifestaciones, no han logrado detener el avance parlamentario del texto.
El Gobierno, que cifra en torno a un millón el número de manifestantes en las concentraciones más recientes, augura que el movimiento contestatario se está desinflando.
