Tres encapuchados tocados con txapelas han escenificado el anuncio mediante un vídeo enviado al periódico vasco Gara y a la emisora británica BBC.
Uno de los tres terroristas es una mujer, encargada de leer en euskera el contenido del comunicado.
En él, la banda asegura haber decidido hace varios meses “no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”, expresión con la que no aclara si su renuncia a atentar es temporal o definitiva.
Se trata de la undécima ocasión desde 1981 en que ETA adopta este tipo de decisión, la última en marzo de 2006, tras el atentado de la T-4 de Barajas que puso fin al último período sin atentados.
El comunicado de ayer hace hincapié en que “si el Gobierno de España tiene voluntad”, ETA está dispuesta a acordar lo que define como “los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático”.
Tan sólo dos días separan sus palabras de la difusión del documento con el que la izquierda abertzale y EA reclamaban a ETA un “alto el fuego permanente y con verificación internacional”.
De hecho, se han apresurado los representantes abertzales a valorar una decisión que califican de “unilateral, indefinida y no condicionada” porque a su juicio supone “una aportación de valor incuestionable para la instauración de la paz y la consolidación de un proceso democrático”.
Por el contrario, el Gobierno ha guardado mutismo absoluto, y oficialmente ningún representante o portavoz del Ejecutivo ha querido hacer comentarios sobre el alcance del anuncio etarra.
Sí ha hablado el Ejecutivo vasco, por boca de su consejero de Interior, Rodolfo Ares, para el cual el anuncio es “insuficiente, ambiguo y fraudulento”; además, ha advertido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no están en tregua”.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, además de reunirse con la cúpula directiva de su Departamento para analizar el texto de ETA, se ha puesto en contacto con el Gobierno vasco y con los portavoces parlamentarios.
Desde las fuerzas políticas, la reacción ha sido casi unánime, al margen de la ideología de cada formación.
Todos los portavoces políticos se han mostrado muy prudentes y han coincidido en que el anuncio es “insuficiente” y que ETA debe ir más allá, con su disolución y con un cese definitivo de la violencia que incluya la entrega de las armas.
Ha sido el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, el encargado en nombre de este partido de alertar contra el riesgo de las “treguas” de ETA, que según él “siempre han terminado igual: muy mal para el conjunto de la sociedad española”.
Así, ha remarcado que los españoles sólo esperan que ETA “anuncie su disolución definitiva y su abandono para siempre de las armas”.
Partícipe de esta desconfianza ha sido el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para quien tras la decisión de ETA sólo hay una “maniobra más” de los terroristas.
Y ha insistido en que la banda tiene que entregar las armas, idea utilizada igualmente por el diputado de IU Gaspar Llamazares, quien tras recordar que ETA ha aprovechado los períodos sin atentados para reorganizarse ha declarado: “Ya no es tiempo de treguas, sino tiempo para que ETA se autodisuelva y cese su actividad armada”.
Por su parte, el secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Pello Urizar, ha asegurado que la decisión de ETA debe ser “un primer paso” que “lleve a una situación de tregua indefinida y verificable que defina un escenario de paz”.
El dirigente de EA ha opinado que los partidos deben “ahora más que nunca” actuar con responsabilidad, ya que “los partidismos, protagonismos e intereses electoralistas, aunque absolutamente legítimos, no pueden anteponerse a la consolidación” del actual “escenario”.
“La responsabilidad de las acciones violentas corresponde única y exclusivamente a ETA, pero también todos –partidos, agentes sociales y sindicales– debemos actuar con responsabilidad para que la situación de ausencia de atentados, que se ha conseguido tras años de sufrimiento, se mantenga, se consolide y culmine en una paz duradera en la que el conjunto de la ciudadanía vasca tenga reconocidos sus derechos”, ha agregado el dirigente de EA.