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30 años de cárcel por agredir sexualmente a dos mujeres con trastorno mental

Fiscalía cree que los hechos son constitutivos de dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal y con abuso de trastorno mental

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  • sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este miércoles 28 de junio, a las 09.30 horas, el juicio contra un hombre por, presuntamente, agredir sexualmente de manera continuada a dos mujeres con trastorno mental.

Según el escrito del fiscal, en el año 2018, cuando el hombre tenía unos 69 años, este vivía de 'okupa' en una finca de Inca, junto con otras personas, entre ellas una mujer con una discapacidad reconocida del 76 por ciento concedida por la Conselleria de Bienestar Social, y otra con una discapacidad también reconocida del 66 por ciento.

Al parecer, el procesado, con ánimo lascivo y aprovechándose de la disminución mental de la primera mujer, obligaba a esta a ir, en contra de su voluntad, al gallinero, donde tras decirle "al pilón", la cogía de la cabeza y le introducía el pene en la boca. Todo, al tiempo que la llamada "puta, loca y atrasada" y le daba patadas y empujones, sin que consten lesiones.

Posteriormente, a finales de 2018 y hasta finales de 2019, periodo en el que el hombre tenía alquilada una vivienda de su propiedad, en el municipio de Marratxí, a la víctimas, cada mes y con ocasión del cobro del alquiler del piso, el acusado repetía las agresiones sexuales hacia la misma mujer.

Además, según la Fiscalía, en el año 2019, en el parque próximo a la citada vivienda de Marratxí, el hombre en varias ocasiones con la misma intención y tras decirle a ambas mujeres "guarras", que las iba a matar y golpearlas con la mano abierta les introducía el pene en la vagina y en la boca en contra de la voluntad de éstas.

Fiscalía cree que los hechos son constitutivos de dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal y con abuso de trastorno mental, por lo que se pide para el acusado la pena de 30 años de prisión, seguido de 10 de libertad vigilada; así como una indemnización de 6.000 euros a cada una de las víctimas por daño moral.

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