La Policía Nacional ha detenido a 34 personas y ha liberado en la provincia de Málaga a 20 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal cuyos integrantes las sometían a una férrea vigilancia, a través de un sistema oculto de cámaras de grabación. Se han practicado registros en Málaga capital y las localidades malagueñas de Marbella y Estepona, además de Algeciras.
En el marco de la llamada operación Muralla, 34 personas han sido detenidas por su presunta participación en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra la salud pública, ocupación ilegal de inmuebles, tenencia ilícita de armas, entre otros.
Según las pesquisas, la trama obligaba a las víctimas a prostituirse durante jornadas maratonianas y, además, las forzaba a vender estupefacientes entre los clientes. Se han practicado un total de 14 registros en Málaga capital, en las localidades malagueñas de Marbella y Estepona, y en Algeciras, en los que han sido intervenidos 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína y de tucsi -cocaína rosa-, un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta.
La investigación se inició en 2021 a partir de una información que apuntaba a la existencia, en la Costa del Sol, de un grupo organizado compuesto por ciudadanos de origen español y sudamericano, los cuales captarían mujeres en situación de vulnerabilidad, al objeto de explotarlas laboral y sexualmente, llevando a cabo un férreo control sobre las mismas.
Las indagaciones practicadas dieron con una red perfectamente organizada que se dedicaba a captar mujeres, sobre todo de Colombia, mediante falsas promesas laborales.
Engañadas y endeudadas
De entre las 20 mujeres liberadas durante la operación Muralla, los agentes localizaron a dos víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, las cuales habían sido engañadas en su país de origen y habían contraído una deuda con la organización por el pago del viaje hasta España, que tenían que saldar ejerciendo la prostitución.
Tras la práctica de diversas gestiones, los investigadores constataron el férreo control que la trama ejercía sobre las mujeres, disponiendo incluso, en las casas de citas, de sistemas ocultos de cámaras de video que grababan a las trabajadoras y a los clientes –sin que los mismos tuviesen conocimiento-, para una mayor control de la actividad.
La organización conseguía beneficios, no sólo con la explotación laboral y sexual –las mujeres tenían que estar disponibles las 24 horas del día-, sino también de la venta de sustancias estupefacientes y la ocupación ilegal de inmuebles, que, a través de contratos fraudulentos de alquiler, explotaban como prostíbulos.
Empresas interpuestas para aparentar legalidad
Además, los investigados utilizaban un entramado de empresas interpuestas, dando apariencia de legalidad, que usaban para delinquir, entre los que se encontraban varios negocios de reparación y desguace de vehículos ubicados entre Málaga y Algeciras.
La operación ha finalizado con la detención de 34 personas por su presunta implicación en la trama, distinguiéndose entre las mismas desde encargados de tareas contables y gestión de los prostíbulos, hasta una amplia red de colaboradores y consortes.
En los 14 registros realizados en domicilios particulares, casas de citas y talleres, en Málaga capital, San Pedro de Alcántara, Estepona y Algeciras, se han incautado 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína y de tucsi -cocaína rosa-, un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta. Durante el operativo se pudo comprobar la vigilancia a la que eran sometidas las víctimas, incluso a través de sistemas de videovigilancia.
Con la trata no hay trato
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y este correo para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
