La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, lo señaló en respuesta a una pregunta del eurodiputado de CiU Ramon Tremosa sobre el caso del Ayuntamiento de Vic, que se enfrentó al Gobierno al anunciar que se negaría a empadronar a los inmigrantes en situación irregular.
Según Malmström, “las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”.
Esa obligación figura en una directiva de 2008 aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros para “reducir las zonas grises y evitar la explotación de las personas en situación irregular”, señaló.
