El intento de agresión sexual el sábado pasado por parte de un joven de 19 años a una menor de 15 mientras ésta volvía a casa de madrugada desde un local de la Punta de San Felipe pone de manifiesto, por un lado, el incremento de este tipo de delitos en la ciudad y, por otro, que “las mujeres son doblemente víctimas, por la violación y por el juicio social al que se las somete”, lamenta Alba Martínez, portavoz de la Comisión 8M.
Respecto a la estadística, el balance de criminalidad del Ministerio del Interior indica que, entre enero y septiembre, se han producido cuatro agresiones sexuales con penetración, las mismas que en todo 2019; y 22 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cinco menos que en el año anterior a la pandemia.
En cuanto a “la revictimización” de la joven, la integrante de la Comisión 8M muestra su indignación con algunos comentarios en redes sociales. “Se tiende a justificar a los agresores”, advierte. Y subraya que “nadie puede justificar que por haber disfrutado del tiempo de ocio, de su libertad, reciba ese castigo”, en referencia al intento de abuso, frustrado gracias a que una pareja que se encontraba en las inmediaciones dio la voz de alarma a la Policía.
“Todos hemos hecho cosas con quince años que no estaban permitidas como consumir alcohol, pero salir de noche o caminar sola no pueden ser un delito” castigado con una agresión, “porque nadie tiene derecho a hacer uso del cuerpo de otra persona contra su voluntad”, y el vapuleo en redes sociales.
Martínez recuerda que, no obstante, el asalto en la vía pública no es lo habitual. “El 75% de las agresiones son obra de alguien del entorno de la mujer y el 60% se produce en una vivienda”, explica.
“Hay muchos mitos”, afirma, y para acabar con ellos “faltan educación afectivo sexual en los colegios, asistencia especializada a quienes sufren este tipo de violencia y asumir que tenemos deberes con el cuerpo de nuestras parejas, ligues o personas que nos atraen”.
