El Tribunal Supremo ha confirmado penas de prisión de hasta tres años y nueve meses de prisión para los acusados del cultivo y tráfico de marihuana y otros estupefacientes a los que se intervino más de 300 plantas que guardaban en viviendas de su propiedad, en la casa de la abuela de uno de ellos así como en un una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía que había sido okupada.
El Alto Tribunal rechaza los recursos de casación impulsados por dos de los tres acusados y confirma las penas impuestas por el TSJA que, pese al reconocimiento de los hechos por parte de los acusados en el acto de juicio, rechaza que se diera una atenuante muy cualificada de confesión para la rebaja de las condenas, toda vez que califica de ordinaria dicha atenuante.
El fallo de origen, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, impone también a uno de los acusados un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas tras haberse encontrado una pistola y munición en su vivienda, así como multas por defraudación de fluido eléctrico, aunque los absuelve de un delito de integración de grupo criminal.
Según consta en la sentencia, los acusados fueron sorprendidos en el registro que se practicó a mediados de noviembre de 2019 con 319 plantas de marihuana que eran alimentadas con transformadores, extractores, filtros, focos y ventiladores en el domicilio de uno de los acusados y en el de su abuela. El estupefaciente habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 14.349.68 euros.
Asimismo, en una tercera vivienda que había sido okupada y que es propiedad de la Junta de Andalucía, los investigadores encontraron 21,7 gramos de hachís y 4,5 gramos de cocaína, así como balanzas de precisión y, en conjunto, un total de 1.993,9 euros "procedente de la actividad ilícita".
Además de los estupefacientes, los agentes hallaron en el primero de los domicilios una pistola del calibre 9 milímetros con el número de serie borrado y en perfecto estado de funcionamiento, dos cachas, 50 cartuchos de 99 milímetros y 112 cartuchos de escopeta calibre 12 milímetros, todos en buen estado de conservación.
El arma y los cartuchos estaban únicamente a disposición del propietario de la vivienda, quien carecía de la correspondiente licencia de armas y guía de pertenencia.
Además, los acusados, para el cultivo de plantas y su posterior venta realizaron enganches ilegales a la red general en las tres viviendas, obteniendo de esta manera fraudulenta energía eléctrica por valor de 14.456,28 euros en total. A pesar de todo, no quedó constancia de que los acusados hubiesen creado un entramado estable relativamente en el tiempo, repartiéndose tareas, para cometer delito de tráfico de drogas.
