La jueza titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, María Núñez, ha tomado este jueves declaración como investigados a dos agentes de la Policía Local de Guillena, a cuenta de la denuncia promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) contra los mismos por supuestas "torturas y abandono" de un menor.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la comparecencia de los agentes se ha prolongado durante aproximadamente una hora, negando los mismos los hechos atribuidos en la denuncia pero sin acceder a responder a las preguntas de la representación de la acusación, ejercida por APDH-A, que de su lado habría detectado "importantes contradicciones" en los testimonios de los funcionarios.
Según el escrito de denuncia interpuesto tiempo atrás por el equipo jurídico de APDH-A, tras ser detenido por la Policía Local de Guillena un varón identificado como A.J., estando entonces este hombre en compañía de su hijo de tres años de edad, los agentes trasladaron al detenido a la Jefatura de la localidad, supuestamente "abandonando al menor en la vía pública".
Tras recabar el testimonio de A.J., testigos de la actuación policial y varios informes clínicos que se elaboraron inmediatamente después de la detención, la entidad denunciante aprecia "un posible delito de torturas y de abandono de un menor en la vía pública que podría concurrir con la agravante de motivación racista", según la misma.
El relato de APDH-A
Según la entidad, A.J. "fue golpeado en el costado derecho en varias ocasiones" por los agentes, siempre supuestamente, y habría sido objeto de "insultos y amenazas racistas", siempre presuntamente, toda vez que la pasada primavera, el Ayuntamiento de Guillena, gobernado por el socialista Lorenzo Medina, resolvía archivar las actuaciones emprendidas por vía administrativa ante la denuncia interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre este asunto.
Ello, según el Ayuntamiento, "al no encontrar indicios suficientes que justifiquen" un procedimiento disciplinario contra los mencionados agentes.
En paralelo, fruto de las acciones paralelas iniciadas por la entidad ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, dicha institución emitía una resolución con el resultado de sus gestiones sobre el asunto, exponiendo que tras consultar con el Ayuntamiento, el mismo alegó "el informe del técnico del Área de Innovación y Desarrollo Tecnológico sobre la inexistencia de cámara o sistema de video vigilancia en las oficinas de la Policía Local".
El "expediente informativo"
En cuanto a la "tramitación del expediente informativo sobre la procedencia o no de incoar procedimiento disciplinario por estos hechos", extremo anunciada por el Ayuntamiento, el mismo esgrimía ante el Defensor del Pueblo Andaluz un "decreto de Alcaldía por el que se resuelve su archivo al no encontrar indicios suficientes que justifiquen" dicho procedimiento disciplinario.
Frente a ello, y en esta resolución recogida por Europa Press, la Oficina de Jesús Maeztu reclamaba al Ayuntamiento de Guillena que estableciese "un libro de registro o de custodia de detenidos donde se anote qué funcionario policial es el responsable directo de la custodia en cada momento y se detallen las incidencias producidas en el periodo transcurrido entre la detención de un ciudadano y su puesta a disposición judicial o en libertad".
En su resolución, el departamento de Jesús Maeztu solicitaba además al Ayuntamiento "la instalación de un sistema de videovigilancia en las dependencias de la Policía Local".
